Que aquellos migrantes que quieran obtener la residencia definitiva en Chile acrediten que tienen los medios económicos para satisfacer necesidades básicas. Eso fue parte de lo que se aprobó este lunes en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y donde se analiza punto por punto el proyecto de Ley de Migraciones propuesto por Sebastián Piñera en abril pasado.
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De esta manera, si el proyecto prospera, Chile se convertirá en el primer país de sus vecinos en exigir la demostración de recursos para acceder a esa visa.
Solvencia
La idea es que los postulantes puedan acreditar que perciben montos que en ningún caso sean «inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas», algo que no pide ni Argentina, Perú ni Bolivia en materia de residencia permanente o definitiva, con excepción de visas especiales como la de Estudio.
La indicación provocó el rechazo de la oposición, se incluyó también una alternativa: la posibilidad de demostrar la existencia de un contrato «que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los meses de residencia temporal del país».
Gobierno lo defiende
Según el Gobierno, no existe intención de discriminar en esta propuesta. «Lo que se busca es ver arraigo. Alguien que entre dos a cuatro años no logra tener trabajo al menos esporádico o tener ingresos sobre la línea de pobreza, por normativa internacional, no demuestra arraigo», responde a Publimetro Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
De hecho, aclara que un extranjero que no pueda acreditar estos requisitos sigue teniendo opciones de quedarse en Chile. «A los 24 meses puede solicitar la residencia definitiva, y si no cumple los requisitos, puede renovar su visado temporario hasta por 48 meses en total. Esto permite, a diferencia de antes, que tengan más tiempo para demostrar su arraigo con Chile».
Migrantes critican medida
Más allá de esto, para los extranjeros la propuesta apunta a desalentar la migración. «Hay una política estructural que vemos y que hoy ya se aplica y que tiende a desincentivar la solicitudes de residencia en el país», reclama Rodolfo Noriega, secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.
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Es más, pese a que el Gobierno lee como una oportunidad «tener más tiempo» para gestionar la visa, para Noriega es todo lo contrario. «Tener la residencia definitiva entrega derechos. No tenerla, significa en la práctica tener menos derechos», dice y pone como ejemplo el acceso a los subsidios de vivienda.
«Yo no estoy en contra de que se pidan requisitos. Lo que no puedes hacer es cerrarte solamente a una cuestión económica. Por poner un ejemplo: una persona que sea madre jefa de hogar que tenga dos o tres niños chilenos y que no puede acreditar dineros para su residencia, no puede acceder a los subsidios de vivienda. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Eso significa que niños chilenos van a carecer de la oportunidad de tener una vivienda en su propio país porque la que debe postular es la mamá», explica Noriega.
Punto de vista académico
Eduardo Thayer, sociólogo y académico de la Cátedra de Migraciones y Racismos Contemporáneos de la U. de Chile advierte que esta solicitud podría entrar en conflicto con acuerdos de migración firmados con otros países.
«En la región hay un acuerdo de residencia Mercosur, del cual Chile forma parte, garantiza residencia al menos temporal por dos años sin requisitos, con posibilidad de optar a la permanente. Entonces hay un criterio que se está contraponiendo», precisa.
No es todo. Aclara que mientras más barreras se interpongan a la migración, mayor es el riesgo de caer en situaciones irregulares. «Todas estos obstáculos para pasar de una residencia a otra, se ha demostrado por la experiencia internacional, generan incentivos a la irregularidad», sentencia el profesor.
