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Keiko Fujimori: ex candidata presidencial e hija de dictador es arrestada por presunto lavado de activos

El arresto es de carácter preliminar y se extenderá por diez días

Este miércoles detuvieron a la líder opositora peruana Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, por supuesto lavado de activos.

La detención, de carácter preliminar y que se extenderá por diez días, fue aprobada debido a que existe “grave peligro de fuga” de parte de la ex candidata presidencial, de acuerdo con la resolución a la que tuvieron acceso medios peruanos.

“El presente caso, se evidencia grave peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (HOY Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder políticos y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”, indica el documento, según El Comercio.

La detención fue ordenada por el juez de Lima, Richard Concepción, quien en el pasado envió a la cárcel por 18 meses al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y ordenó la captura internacional del prófugo ex mandatario Alejandro Toledo (2001-2006).

Keiko fue arrestada cuando acudió a la sede del Ministerio Público, donde estaba citada a declarar por los aportes que recibió su partido, Fuerza Popular, para la campaña del 2011, entre los que se encontrarían montos donados por Odebrecht.

La abogada de la ex candidata, Giuliana Loza, asegura que “no existe elemento de convicción ni prueba alguna en contra» y que la detención fue “abusiva” y “arbitraria”.

Junto con la parlamentaria fueron arrestadas otras 17 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, por el mismo periodo de tiempo.

Los Fujimori pasan por una etapa complicada. El ex presidente Alberto Fujimori se encuentra internado en una clínica limeña y debe retornar a la cárcel luego de que la semana pasada otro juez anuló un indulto humanitario que lo libró de su condena a 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos durante su gobierno.

Fuerza Popular domina el Parlamento peruano y tiene relaciones tensas con el gobierno del mandatario Martín Vizcarra, quien impulsa un referendo para el 9 de diciembre con el fin de reformar el sistema judicial y político.

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