Exigen cuentas a Maduro: EEUU, la ONU y Grupo Lima demandan esclarecer muerte de concejal opositor arrestado en Venezuela

Estados Unidos, países del Grupo Lima y la Organización de Naciones Unidas (ONU) miran con preocupación la muerte del concejal opositor Fernando Albán, arrestado en Venezuela por el presunto intento de atentado contra Nicolás Maduro. Según las autoridades chavista, el hombre se suicidó al saltar desde el décimo piso de la sede de la policía política.

El gobierno del presidente Donald Trump denunció el miércoles lo que dijo fue la «participación» del gobierno venezolano en la sospechosa muerte.

«Estados Unidos condena la participación del régimen de Maduro» en la muerte de Albán, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders y señaló que el gobierno de Trump «continuará aumentando la presión sobre el régimen de Maduro y sus allegados hasta que se restaure la democracia en Venezuela».

El vicepresidente Mike Pence tuiteó que «el régimen sigue matando a inocentes y a quienes defienden la democracia», dijo Pence. «Estamos con el pueblo venezolano y exigimos la liberación de los presos políticos», agregó.

Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordaron que los funcionarios venezolanos estaban obligados a garantizar la seguridad de Albán mientras estaba bajo su custodia.

“Pedimos una investigación transparente para aclarar las circunstancias», indicó Ravina Shamdasani que forma parte del departamento de la ONU.

Por su parte, el Grupo de Lima, que integran once países de la región, también se sumó a las voces que exigen una investigación imparcial e independiente del hecho y planteó en un comunicado que el proceso debe realizarse con aval internacional.

Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía ratificaron su condena a lo que consideraron como “violación sistemática” de los derechos humanos y la “persecución política” en Venezuela.

«El Grupo de Lima urge al Gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan», señalaron en un comunicado.

Organizaciones de derechos humanos y autoridades de la Iglesia católica de Venezuela también exigieron al gobierno una investigación sobre la muerte del concejal.

Arresto

Albán, de 56 años, fue detenido el 5 de octubre en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras arribar procedente de Nueva York, a donde viajó para reunirse con su esposa e hijos, que viven en esa ciudad.

Durante esa visita el político acompañó al ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a reuniones con autoridades de gobiernos extranjeros que asistieron a la Asamblea General de la ONU, indicó el abogado Joel García, defensor del concejal.

El concejal Albán fue arrestado por su presunta relación con el intento de atentado con drones que sufrió Maduro en un desfile militar en agosto.

Al rechazar el proceso que se ha seguido en el caso, García dijo el martes a The Associated Press que “nadie estuvo presente en la autopsia”, y precisó que el certificado de defunción del opositor señala que murió por “politraumatismo severo y cráneo traumatismo severo por caída”. Agregó que luego de las exequias y de que se tengan las actas se solicitarán nuevas diligencias de investigación.

El fiscal general Tarek William Saab dijo a la televisora estatal que la muerte de Albán se produjo cuando estaba en una sala de espera del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) antes de ser trasladado a los tribunales y solicitó ir al baño, desde donde se lanzó al vacío.

La arquidiócesis de Caracas, que expresó en un escrito que la información dada por el fiscal general «nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio no corroborado por una investigación profunda y objetiva».

Las autoridades detuvieron a más de 17 personas por el ataque con drones, entre ellas dos generales y un coronel, todos de la Guardia Nacional, y al diputado opositor Juan Requesens.

Venezuela solicitó además la extradición de algunos de los supuestos implicados, entre quienes está Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) radicado desde hace meses en Bogotá.