El Congreso peruano aprobó el jueves una polémica ley de arresto domiciliario para reos de la tercera edad, que busca beneficiar al ex presidente Alberto Fujimori para que no retorne a la cárcel tras la anulación de su indulto humanitario.
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La norma, presentada por una legisladora fujimorista del partido Fuerza Popular, se exoneró de una segunda votación y quedó lista para que el presidente Martín Vizcarra la promulgue o la devuelva con observaciones al parlamento en los próximos 15 días.
De acuerdo con la norma, aprobada por 55 votos a favor, 30 votos en contra y dos abstenciones, se beneficiarán los mayores de 75 años con enfermedades “graves o crónicas” que hayan cumplido un tercio de su condena.
No podrán recibir este beneficio los sentenciados por terrorismo, sicariato, feminicidio, violación sexual, narcotráfico en versión agravada ni los condenados a perpetuidad.
El legislador del partido Acción Popular, Yonhy Lescano, pidió al mandatario que observe la ley por “la impunidad” que contiene. “Van a salir sentenciados y procesados por delitos graves”, señaló.
Gloria Cano, abogada de las víctimas del caso por el que fue condenado Fujimori, dijo que una ley “con nombre propio” no cumple con los requisitos ordenados por la Corte Interamericana y esto podría ser anulada otra vez.
Indulto anulado
Un juez supremo anuló la semana pasada un indulto humanitario concedido en diciembre a Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
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Fujimori, de 80 años, se internó en una clínica de Lima aduciendo males cardiacos y hasta la fecha no ha retornado a la cárcel.
Fue condenado en 2009 por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos durante los primeros años de su gobierno entre 1991-1992.
La excarcelación de Fujimori fue anulada porque los abogados de los asesinados pidieron el cumplimiento de la sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordenó a la justicia peruana analizar la validez del indulto.
Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000. Huyó en medio de escándalos de corrupción y renunció desde Japón. El congreso de la época lo destituyó por “incapacidad moral”.