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Autoridades venezolanas destierran a España a preso político Lorent Saleh

La liberación de Saleh se da a cinco días de la muerte del concejal opositor detenido, Fernando Albán, quien se “suicidó” al lanzarse desde el décimo piso de la sede capitalina del SEBIN

Las autoridades venezolanas liberaron a un opositor que estaba detenido desde hace cuatro años y lo trasladaron a España, anunció el viernes la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

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Lorent Saleh, de 30 años, quien estaba detenido desde 2014 en una de las sedes capitalinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) –la policía política– recibió «medidas cautelares sustitutivas» y fue trasladado el viernes a España en compañía de autoridades de ese país, indicó en un comunicado la Comisión de la Verdad de la Constituyente que difundió la televisora estatal.

Saleh fue detenido en Colombia junto a Gabriel Valles, y una semana después fueron expulsados y enviados a Venezuela para ser procesados por la supuesta participación en acciones conspirativas contra el gobierno.

Madre del opositor desterrado

Valles fue liberado a mediados de año junto a más de medio centenar de los llamados “presos políticos” como parte de un proceso de «reconciliación nacional» que activó el presidente Nicolás Maduro tras su reelección el 20 de mayo.

La oposición y organizaciones humanitarias identificaban a Saleh como un “preso político” y habían exigido desde hace varios años su liberación. La oposición estima que en las cárceles venezolanas permanece más de un centenar de “presos políticos”.

La liberación de Saleh se da a cinco días de la muerte del concejal opositor detenido, Fernando Albán, quien se «suicidó» al lanzarse desde el décimo piso de la sede capitalina del SEBIN, según indicaron las autoridades. Albán, de 56 años, fue detenido el 5 de octubre al arribar al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la policía política por su presunta vinculación con el atentado que sufrió en agosto el presidente Nicolás Maduro durante un desfile militar en la capital.

La dirigencia opositora, organizaciones humanitarias, Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros condenaron la muerte de Albán y exigieron a las autoridades venezolanas una investigación imparcial sobre el caso que reavivó las tensiones políticas en el país suramericano agobiado por una profunda crisis económica y social.

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