El Estado de Chile no está obligado a impulsar el matrimonio igualitario, según un documento del Gobierno que responde a las últimas declaraciones del Movilh acerca de un supuesto incumplimiento de un acuerdo en esta materia logrado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Según informa hoy La Tercera, el Gobierno informó a la CIDH que el Estado chileno no está obligado a impulsar ni lograr aprobar el matrimonio igualitario en el Congreso. Además, el diario difundió una de la Subsecretaría de DD.HH., que encabeza Lorena Recabarren, en la que también niega ese compromiso.
“El Movilh argumenta que el Estado no ha cumplido su compromiso en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. En efecto, de acuerdo al comunicado de Rolando Jiménez, ‘tanto el Estado de Chile como nosotros y la CIDH asumimos el compromiso de impulsar de manera permanente el matrimonio igualitario, con miras a su aprobación’. Esta afirmación no se condice con los compromisos adquiridos por Chile”, señala la minuta.
En ese sentido, el escrito del gobierno menciona dos elementos. Primero: “El Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Consta en la historia fidedigna de las negociaciones que culminaron en la firma del acuerdo de solución amistosa en cuestión que el Movilh, a través de sus abogados, incorporó en su propuesta de borrador del acuerdo que el Ejecutivo debía obligarse a ‘impulsar’ la iniciativa del matrimonio entre personas del mismo sexo ‘muy especialmente (a través) de su incidencia permanente en el Parlamento’. Sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada por el gobierno anterior y, finalmente, se rechazó. Para avanzar con la negociación, el Movilh aceptó otra propuesta, distinta de la anterior, que no incorporaba esta obligación para el Ejecutivo”.
En la minuta se agrega que “esta circunstancia muestra que la firma del acuerdo nunca significó que el Ejecutivo, cualquiera fuera el Presidente, debiese asumir el compromiso de promover el proyecto en el Congreso, o bien de obtener la aprobación del mismo”.
El otro argumento central del Ejecutivo ante la CIDH para sustentar su posición es que -según se lee en el documento- “el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete a otro Poder del Estado (Poder Legislativo)”.
“El Ejecutivo no puede, a través de un acuerdo de solución amistosa, comprometer al Congreso a aprobar un proyecto de ley. Lo contrario sería atentar contra el principio constitucional de separación de poderes. Por otro lado, la Presidenta Michelle Bachelet no podría haber obligado a su sucesor, a través un acuerdo de solución amistosa, a promover activamente y obtener la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley sobre materias en la que existen naturales diferencias de opinión”, añade.
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“Asumir lo contrario podría plantear un problema de constitucionalidad, puesto que ello implicaría aceptar que decisiones adoptadas por administraciones pasadas puedan limitar el ejercicio actual y soberano de las atribuciones constitucionales que son propias del Presidente de la República en relación al artículo 32 de la Constitución”, se enfatiza en el texto.
Asimismo, recalca que “el Estado de Chile considera que cumplió el compromiso adquirido en el acuerdo de solución amistosa suscrito con el Movilh en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo”.
