Según una investigación de Amnistía Internacional, se han utilizado armas de guerra para matar y herir indiscriminadamente a manifestantes antigubernamentales en Nicaragua , como parte de la represión violenta en curso ordenada por los altos niveles del gobierno.
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Al menos 322 personas murieron y otras 2.000 resultaron heridas, en su mayoría por la policía y grupos paramilitares gubernamentales, desde que comenzaron las manifestaciones sobre las reformas del sistema de seguridad social en abril.
Los manifestantes han sido arbitrariamente arrestados, torturados y al menos 300 procesados, muchos de ellos por cargos de terrorismo. Al menos un periodista ha sido asesinado y varios reporteros extranjeros han sido deportados.
El nuevo informe de Amnistía Internacional , «Sembrando el terror», documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados en Nicaragua: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas, según AI. Todas ellas con conocimiento y por orden de las más altas autoridades gubernamentales, incluido el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
«El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó ‘terrorista’ o ‘golpista’ a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas», argumenta AI en el estudio, el segundo que elabora sobre la crisis nicaragüense.
El estudio también denuncia el empleo de «armas de tipo militar» para «reprimir» las protestas y añade que el Estado usó la «tortura».No solo hubo un uso «excesivo, desproporcional y en muchas ocasiones indiscriminado de la fuerza letal», sino también «posibles ejecuciones extrajudiciales».
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La represión patrocinada por el estado, llevada a cabo bajo el nombre de «Operación de Limpieza», ha incluido operaciones bien planificadas con armas letales de grado militar contra civiles, principalmente desarmados. Amnistía documentó el uso generalizado de rifles tipo AK por parte de la policía y escuadrones armados progubernamentales, así como rifles de francotirador, ametralladoras e incluso lanzagranadas de granadas propulsadas con cohetes antitanques portátiles. Incluido el ruso RPG-7 fabricado.
Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional , dijo: «La estrategia de represión implementada por las fuerzas de seguridad y los grupos pro gubernamentales en Nicaragua ha llevado a graves violaciones de derechos humanos según el derecho internacional … que deben investigarse adecuadamente. y los responsables deben ser llevados ante la justicia.
El informe se basa en 115 entrevistas que descubrieron seis posibles ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas incluyen a Leyting Chavarría, de 16 años de edad, quien fue encontrado muerto con una herida de bala en el pecho luego de un ataque en julio contra barricadas improvisadas en la ciudad de Jinotega por la policía antidisturbios y grupos paramilitares. El cuerpo del adolescente fue encontrado en un callejón junto a una catapulta.
