Si redondeamos para arriba, las estafas de Rafael Garay llegan a $1.300 millones. Por esa cantidad de plata que consiguió mediante estafas reiteradas, le dictaron siete años de presidio efectivo. Con estos datos podríamos decir que por cada $185 millones que conseguidos por el mal camino, se ganó un año de cárcel. Aún así para su abogado, Daniel Celis, la pena le parece excesiva y por eso presentará un recurso de nulidad con miras a dos alternativas: bajar la pena o iniciar un nuevo proceso.
No es todo, también se le obligó a pagar 21 UTM ($1 millón) como pena y $951 millones a los estafados.
Condena exagerada
Por eso, el abogado Celis considera todo muy exagerado. «Es un delito de estafa y el bien jurídico protegido es el patrimonio. Si el bien jurídico protegido fuera la vida, la libertad u otro, le creo. Siendo el patrimonio, la pena es absolutamente desproporcionada», indicó a Publimetro.
Así, dentro de los 10 días hábiles que le entrega la Justicia presentará un recurso. «Estoy seguro que hay otros delitos que se castigan con menos penas», precisó el abogado.
«Hay gente que está condenada por homicidio a cinco años y un día. Hay delitos sexuales, gente condenada por violación a penas menores. Incluso hay estafas piramidales que han sido condenadas a cuatro años de libertad vigilada, con tres mil víctimas de $40 mil millones».
Recurso de nulidad
Pero, ¿qué figuras puede utilizar el abogado para aducir la nulidad? Según explicó la abogada Lya Rojas, especialista en litigación oral penal, la defensa puede indicar «que se vulneró alguna garantía o derecho constitucional en el proceso, o infringido las normas reguladoras de la prueba, entre otras». Así, quedan se abren dos opciones: que la Corte de Apelaciones acoja el recurso y pida una rebaja en la condena o bien, que se realice el juicio de nuevo. Si rechaza el recurso, se confirman la condena del 2º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
Condena no será nunca «efectiva»
Aún así, en el caso que se confirme la condena, «nunca va a cumplir de forma efectiva los siete años», señaló el abogado y catedrático de la U. Central Juan Núñez Rojas.
Ello pues ya hay que considerar el año y los siete meses que estuvo en prisión preventiva, contados desde marzo de 2017. «Ese es un saldo a su favor que tiene», explicó el profesor.
Beneficios carcelarios
Pero no es todo. También hay que incluir los beneficios carcelarios a los que puede acceder, una vez cumplida 2/3 de su condena, que en este caso sería cuatro años y seis meses.
«Él tiene derecho a ser revisado por un consejo técnico para ver si le conceden la libertad condicional. Quizás no se la dan al tiro, quizás parte con salidas dominicales, después con salida los fines de semana. A lo mejor le dan la libertad vigilada a los cuatro años y medio, todo depende de cómo se porte», sostuvo el profesor Núñez.
En ese sentido, sumando y restando, para noviembre de 2020 ya puede comenzar a pedir beneficios.
