En libertad, pero con distintas medidas cautelares quedaron las 31 personas, entre ellos cinco ex carabineros, que fueron detenidas e imputadas por asociación ilícita para el tráfico de armas. El Juzgado de Garantía de Talagante rechazó los cargos junto con las prisiones preventivas solicitadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente.
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Luego de una extensa formalización que concluyó en la madrugada de este miércoles, el tribunal dejó con arresto domiciliario total a 13 de los imputados, mientras que para para resto dispuso arraigo nacional y firma mensual. Además, el tribunal dispuso un plazo de investigación de 60 días.
La PDI de Peñaflor y la fiscalía desarrollaron una investigación que culminó con la detención de un carabinero activo, cuatro en retiro, un médico psiquiatra y otras 25 personas a las que imputó por formar una asociación ilícita para la inscripción fraudulenta de armas de fuego y su posterior venta a grupos delictuales.
Sin embargo, el tribunal no dio por acreditada la asociación ilícita debido a que no se establecieron las jerarquías ni los roles de cada uno de los imputados. La fiscalía apunto al médico como la persona que otorgaba los certificados de idoneidad para la compra de armamento, mientras que los ex carabineros habrían actuado como supuestos “palos blancos”.
