La justicia peruana dictó el miércoles una orden de prisión preventiva de 36 meses de cárcel para la lideresa opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori en torno a la investigación por el delito de lavado de activos.
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El juez de la causa, Richard Concepción, leyó el fallo en el que argumentó que “debe tenerse en cuenta que en el presente caso el Ministerio Público ha iniciado investigación preparatoria contra una presunta organización criminal integrada por una pluralidad de investigados por el delito de lavado de activos agravado”. Señaló que en ese lapso solicitará pericias e investigaciones de cuentas en diversos bancos del exterior, contables, de documentos y aparatos electrónicos incautados a los implicados en las intervenciones de las autoridades.
La líder opositora de Perú e hija del expresidente Alberto Fujimori ha negado su participación en esta trama de corrupción. Su defensa dijo que apelaría la resolución.
La sentencia fue leída al final de una maratónica sesión que se prolongó por casi nueve horas en las que el juez leyó pruebas de cargo y descargo, y transcripciones de conversaciones de testigos identificados y protegidos. En varias ocasiones aclaró que no se juzga a un partido político, sino a una mafia enquistada al interior de esa agrupación.
El analista Juan Paredes Castro dijo a The Associated Press que “una detención preventiva de 36 meses me parece excesiva cuando la causa de acusación no está madura, no está consolidada. Eso nos llama la atención a nosotros y más aún a la comunidad internacional”.
La fiscalía sostuvo que Fujimori tenía conocimiento de fondos ilícitos y prácticas corruptas porque cuando era congresista votó a favor de un informe de una comisión multipartidaria que desestimaba las denuncias de supuestas irregularidades de la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de la Interoceánica Sur, uno de los importantes proyectos de Perú, entre otras obras.
Añadió que la lideresa del partido opositor Fuerza Popular encabeza una organización criminal que tenía la finalidad de lograr el poder político en las instituciones del Estado, por lo que se investiga el presunto lavado de 1,2 millones de dólares que Odebrecht supuestamente otorgó su campaña presidencial en 2011.
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El juez que dispuso la prisión preventiva para Fujimori también ordenó esta pena por 18 meses para el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, así como la captura del también exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), quien está en Estados Unidos. Estos tres últimos casos también están vinculados a presunta corrupción con Odebrecht, empresa que corrompía a funcionarios a cambio de obtener importantes contratos.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), primer gobernante del país condenado por violaciones a los derechos humanos, fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos por parte de un escuadrón militar durante la guerra sucia para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.
El exmandatario fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a fines del año pasado, pero a comienzos de octubre un juez supremo anuló el perdón luego de que los abogados de las víctimas pidieran el cumplimiento de la sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a la justicia peruana analizar la validez del indulto.
Fujimori, de 80 años, se internó en una clínica de Lima aduciendo males cardiacos y hasta la fecha no ha retornado a la cárcel.
Fuerza Popular, el partido de Fujimori, domina el Parlamento peruano y tiene relaciones tensas con el gobierno del presidente Martín Vizcarra, quien impulsa un referendo para el 9 de diciembre con el fin de reformar el sistema judicial y político.
