El proyecto Aula Segura quedó listo para ser ley. La iniciativa apoyada por el Gobierno, fue aprobada por la Cámara de Diputados la tarde del lunes, escribiendo el último capitulo del controversial texto, el cual buscaba fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia.
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Los diputados, quienes respaldaron la iniciativa con 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, no hicieron cambios al proyecto despachado por el Senado. En la Cámara Alta incluso se le cambió el nombre de Aula Segura a “Proyecto que fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar”, lo que provocó el enojo de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
A la espera de la firma del Presidente Sebastián Piñera, estos son los pilares fundamentales de una ley que tendrá su gran prueba de fuego el próximo año escolar.
Plazo máximo de 10 días
El texto presentado por el Gobiernoplanteaba que en la cancelación de matrícula del alumno se podía dar en un plazo de cinco días, acortando los 15 días de investigación que actualmente contempla el reglamento. La crítica del Gobierno apuntaba que durante ese plazo el alumno acusado de hechos de violencia podía seguir asistiendo al establecimiento.
Expertos en educación y parlamentarios de oposición, acusaron que el «trámite express» no respetaba el debido proceso frente a la acusación. Finalmente, el plazo quedó en diez días hábiles.
En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.
Reubicación escolar
Una de las preocupaciones de los apoderados agrupados en «Madres y Padres Movilizados por la Educación Pública», era la reubicación de los estudiantes expulsados. Para ellos, la expulsión de un estudiante con problemas de conducta y las posterior reubicación no soluciona el problema de fondo que puede tener el alumno.
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Es por esto, que el proyecto especifica que ante la eventual expulsión, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, deberá «velar por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar». Además, el proceso sancionatorio que derive en una expulsión, «deberá ser informado a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad».
No solo estudiantes podrán ser sancionados
A pesar de que el debate sobre Aula Segura se centró en los encapuchados y los enfrentamientos con carabineros, la estadística demuestra que la violencia en los establecimientos educaciones se vive de diversas maneras.
Según cifras de la Superintendencia de Educación, la cual considera agresiones de escolares y apoderados, indica un alza del 31% al comparar el primer semestre con igual periodo del 2017.
Ante este realidad, el proyecto Aula Segura considera que «afectan gravemente la convivencia escolar» los actos cometidos «por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad».
Los actos catalogados como «graves» incluyen «agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento».
¿Cuándo comienza a regir Aula Segura?
Según el texto aprobado por ambas cámaras, los establecimiento educaciones que estén subvencionados por el Estado deberán actualizar su reglamento «en un plazo de noventa días a partir de la publicación de la ley». Es decir, el nuevo reglamento debería estar en pleno funcionamiento a partir del año académico 2019.
Por su parte, la ministra Marcela Cubillos celebró la favorable votación de ayer y aseguró que «la gran mayoría de chilenos quiere que en las escuelas se respete a los profesores, y que los estudiantes puedan ejercer su derecho a la educación en ambientes seguros y sin violencia».
