Que termine destituido de su cargo. Ese es el principal riesgo que corre el intendente Luis Mayol, luego que los diputados de la Democracia Cristiana (DC) anunciaran una acusación constitucional en su contra. ¿Las razones de los acusadores? Haber vinculado tempranamente a Camilo Catrillanca con el robo de vehículos que motivó la acción del Comando Jungla.
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«Creemos que él tiene una responsabilidad en los graves problemas de orden público que han ocurrido en los últimos días la Región de La Araucanía», indicó el diputado Matías Walker, quien anunció a nombre de la DC de esta acción.
Declaración le salió cara
Según el parlamentario, el vínculo que hizo Mayol entre el joven mapuche y un acto de delincuencia fue un error del cual debe hacerse responsable.
«En vez de apaciguar los ánimos, en vez de promover la paz social en La Araucanía, lo único que ha provocado este erróneo cometido de parte del Intendente son más hechos de violencia», agregó.
La acusación se da justo horas después que el Gobierno manifestara su total respaldo a la gestión de Mayol. Más temprano fue el subsecretario Rodrigo Ubilla el encargado de informar de ello.
«El intendente cuenta con la confianza del Presidente Sebastián Piñera. Él va a seguir en su puesto porque el Presidente lo ha ratificado”, sostuvo la autoridad.
Voz de la academia
Pero si el cargo es de exclusiva confianza del Mandatario, ¿por qué arriesga su destitución? «El sistema constitucional está diseñado de tal manera que la acusación está diseñado especialmente para actuar contra quienes sólo pueden ser removidos por el Presidente de la República, con excepción del Contralor y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia», explica a Publimetro el profesor Alejandro Usen, experto en materias constitucionales y Académico de la Facultad de Derecho de la U. Central.
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Agrega que la acusación constitucional no es simple: «tiene varios procesos pero concentrados en el tiempo». Y como es profesor, a modo de resumen indica que «primero pasa por una comisión en la Cámara de Diputados que informa acerca de si es plausible o no y luego se vota. Ahí se valida con la mayoría de votos en la sala, pero se requiere que la sesión esté válidamente constituida. Con la situación actual, más de 70 parlamentarios», ilustra Usen.
Pero ahí no se detiene el proceso. «Luego pasa al Senado que tiene que votar a favor o en contra de la acusación». Si gana la opción de la acusación, entonces se procede a la destitución.
En ese sentido, aclara que por mucho que el cargo sea de exclusiva confianza del presidente, este no puede interceder a «su favor». Lo único que podría hacer para salvarlo, sería removerlo antes. Y eso, al parecer, no va a ocurrir.
