Por ocho votos contra dos, los ministros del Tribunal Constitucional decidieron acoger el requerimiento que presentaron diputados y senadores de Chile Vamos por el reglamento de objeción de conciencia en la ley de aborto.
PUBLICIDAD
Con la declaración de inconstitucionalidad, los parlamentarios oficialistas le ganaron la pulseada a Contraloría General de la República, que representó, en este caso, la defensa del reglamento ante la sesión del TC.
Según decía el escrito que presentó el bando oficialista, “ninguna ley puede disponer de las personas como un medio, forzándolas a enajenar sus propias convicciones a través de la imposición de determinadas conductas para satisfacer los deseos, apetencia o necesidades de otros».
En la otra vereda, el jurista Camilo Mirosevic aprovechó de criticar al gobierno, que no llevó representantes a la discusión, a quienes acusó de tomar una postura cómoda y no defender «su propio reglamento». «El Gobierno no concurre a defender el acto que emana de ellos mismos. Asume una posición cómoda de dejar que los parlamentarios impugnen su reglamento sin que ejerzan el deber que tienen», lanzó.
Destacar que el recurso de Chile Vamos no buscaba impugnar el reglamento de la objeción de conciencia por completo, sino que el decreto de Contraloría que estableció que las entidades privadas que se suscriben a este, “sustituyen al Estado” en sus funciones públicas. Esto, porque esa figura les impedía recibir recursos públicos en caso de ser objetoras de conciencia.
La «maquinación» que acusó el representante de Contraloría se sustentó en las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno Cecilia Pérez, que este jueves, al ser consultada por la disputa en el TC, señaló que «somos un gobierno que ha valorizado el valor y la virtud de la República y eso significa respetar las instituciones que existen en nuestro país, por lo tanto, vamos a esperar cuál es la decisión final del TC para cumplir esa resolución».
