INDH en alerta por decisión del Gobierno de restarse del pacto de migración de la ONU: “La movilidad es parte de la naturaleza humana”

El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó este lunes su Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018 en el que abordó distintos puntos en un informe de 208 páginas.

Fue durante la presentación del informe que la directora de la institución, Consuelo Contreras, manifestó su «preocupación» por la decisión del Gobierno de restarse del Pacto Migratorio de la ONU, decisión que ha sido criticada duramente por organizaciones civiles y políticos.

«Es una declaración que no es vinculante, lo que establece son principios para preparar a los países y recibir migración. Creo que hay que ver un camino que enmiende, en el sentido de volver a instalarse en el escenario internacional, en el papel que ha tenido siempre», aseguró la directora.

Contreras asegura que ven con «preocupación» la decisión del Gobierno de restarse del pacto que si fue firmado por 150 países.  «Es cierto que no hay un pacto o convención que consagra el derecho a migrar, lo que sí consagra la declaración y el pacto de derecho civiles y políticos es el derecho a la movilidad humana. Y es que los seres humanos se puedan trasladar del territorio está señalado en las normas internacionales». añadió la jefa del INDH.

Presentación del Informe Anual

La directora también se refirió durante la jornada al informe que por ley debe ser entrado de manera anual a los tres poderes del Estado.

Uno de los puntos del estudio indican que «los pueblos originarios son considerados como a quienes más se le vulneras sus derechos,  seguido por los pobres, las personas mayores, homosexuales y lesbianas, inmigrantes latinoamericanos y mujeres».

Otro de los apartados del informe hacen referencia a los avances tecnológicos utilizados para el control y vigilancia de los ciudadanos. «Los avances tecnológicos que se expresan mediante nuevos medios de videovigilancia, el desarrollo de algoritmos predictivos, la utilización de dispositivos que son activados mediante biometría, por una parte, y la necesidad de los agentes públicos y privados de mejorar sus propios procesos a través del análisis de información sobre sus usuarios, por otra, plantea la necesidad de consagrar la protección de los datos de carácter personal como un derecho fundamental».