El juez federal Claudio Bonadio citó a declarar al padre y a un hermano del presidente argentino Mauricio Macri por el supuesto pago de sobornos a funcionarios del anterior gobierno para obtener la explotación de varias autopistas.
PUBLICIDAD
Bonadío citó para el jueves a declaración indagatoria a Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del mandatario, respectivamente, en el marco de la investigación de una red de corrupción integrada por empresarios y funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora Cristina Fernández (2007-2015).
“Yo nunca en mi vida pagué una coima», indicó este jueves Gianfranco junto con pedir su sobreseimiento antes de retirarse de los tribunales, en los que estuvo declarando por un poco más de una hora, según detalló Clarín.
El hermano del mandatario señaló que “no tenían participación en los directorios desde 2001 ni tomaban decisiones” en la empresa Autopistas del Sol SA, producto del fideicomiso “no se tenía derecho a nombrar directores y eran acciones de poca participación, sólo representaban un voto”.
La citación del octogenario empresario y de su hijo obedece a las declaraciones del Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales, un imputado arrepentido que los habría salpicado junto a otros empresarios en el pago de sobornos a funcionarios del presidente Kirchner para lograr la explotación del negocio vial mediante el sistema de peaje.
El caso
Fernández, actualmente senadora de la oposición, fue procesada por el magistrado como supuesta jefa de una asociación ilícita que recaudó millones de dólares de dirigentes de empresas.
Parte de ese dinero, según el juez, habría sido empleado durante el kirchnerismo para campañas políticas. La ex mandataria niega todas las acusaciones y ha apelado la medida, que debe ser revisada por un cámara de segunda instancia. Asimismo sostiene que las afirmaciones de arrepentidos que la involucraron en supuestas irregularidades fueron logradas bajo coacción.
PUBLICIDAD
Según Bonadío, el dinero ilegal también fue dirigido a comprar jueces, realizar espionaje político y engrosar el patrimonio de Fernández y su marido, fallecido en 2010.
Entre los procesados sin prisión preventiva están ejecutivos de grandes empresas, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y Paolo Rocca, titular de Techint y uno de los empresarios más importantes de Argentina.