Un tribunal de sentencia de El Salvador exoneró de toda responsabilidad a una joven mujer que estaba encarcelada acusada de intento de homicidio luego de sufrir una emergencia obstétrica y que fue acusada por el Ministerio Público de tratar de abortar a una niña que fue producto de una violación.
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La joven de 20 años sufrió violencia sistemática desde que tenía 12 y fue abusada por su padrastro, Pablo Henríquez, de 70 años, de quien quedó embarazada. La paternidad se comprobó con una prueba de ADN.
Aunque el Ministerio Público trató de cambiar la tipificación del delito a último momento por el de “Abandono y Desamparo de Personas, en perjuicio de su hija” –ya que la niña no falleció y se comprobó que no hubo intención deliberada de asesinarla, como afirmaron al inicio del juicio– se pidió un año de prisión para la joven, pero el juez de sentencia Hugo García, desestimó la acusación y decretó su libertad inmediata.
El pasado 3 de septiembre, un juzgado del municipio de Jiquilisco, 106 kilómetros al sudeste de San Salvador, envió a juicio a la joven y se pedía que fuera condenada a 20 años de prisión.
“Un juez confirmó lo que ya sabíamos desde el principio: Ella es inocente, era una niña que vivía en la pobreza cuando su padrastro comenzó a violarla, ella era una joven cuando dio a luz a una niña engendrada por la persona que debería de haberla protegido”, declaró Paula Ávila Guillén, directora de Iniciativas de América Latina en el Woman´s Equality Center.
Organizaciones de El Salvador como el Colectivo Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), han sostenido una lucha exigiendo la libertad de joven, y aseguran que ella una de las tantas víctimas de la injusticia social que impera en El Salvador.
“Ella se merece la libertad, no es justo que esté presa, es una grosería lo que han hecho con ella. A ella la mandaron a la cárcel y el hombre, el violador anda suelto, no es justo”, dijo a The Ascociated Press, Zuleyma Dinora Beltrán, una mujer que fue condenada a 26 años de prisión luego de sufrir un parto extra hospitalario pero que ya está en libertad.
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La abogada Bertha María Deleón, que defendió a la joven, escribió en su cuenta oficial de Twitter: “He llorado de felicidad. Siempre vale la pena luchar, no se rindan”.
Teodora e Imelda celebrando la #LIBERTAD!!!! He llorado de felicidad! Siempre vale la pena luchar, no se rindan. #JusticiaParaImelda #ElSalvador #unidassomosmas @Las17ElSalvador @MorenaHerrera_ @aledesola @lagabyt @SaraVegana @liaburgos1310 @merymoisa pic.twitter.com/yy3tOsnOGz
— Bertha María Deleón (@berthamariaD) December 17, 2018
La joven que recobró su libertad fue recibida con vítores y abrazos por sus familiares y decenas de miembros de los colectivos feministas que mantiene una para que se despenalice el aborto en El Salvador.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
En algunos casos, si el delito se cambia a homicidio agravado, aquel provocado en razón del parentesco de la víctima y el victimario, estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 40 años de prisión.
La Agrupación Ciudadana ha señalado que en El Salvador las procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras informales.
El Congreso salvadoreño estudia una reforma al Código Penal para que se apruebe la despenalización del aborto, pero la discusión se ha estancado ante la oposición de los partidos políticos.
