Esta tarde el presidente del Supremo Tribunal de Brasil (STF), José Antonio Dias Toffoli, suspendió la decisión del juez Marco Aurélio, del mismo organismo, que ordenó soltar a reos condenados en segunda instancia y que todavía tienen algún recurso de apelación disponible. Una decisión que podría ayudar a que el ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva recupere la libertad.
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“Concedo la suspensión de la medida cautelar para suspender los efectos de la decisión anunciada el día de hoy”, indicó Dias.
La decisión de Marco Aurélio deberá ser analizada por el plenario, compuesto por once ministros. El proceso aún no tiene fecha, recoge el diario Folha de Sao Paulo.
Opiniones divididas
La procuradora general brasileña Raquel Dodge mostró su oposición a la decisión del ministro del STF. De hecho, envió al presidente del organismo un recurso contra la decisión de Aurélio, tomada en soledad por el magistrado. Esto, en su opinión, viola el principio de colegialidad del máximo tribunal de justicia.
Aurélio es el relator en el máximo tribunal del proceso que analiza si es constitucional que quienes fueron condenados por un juez y luego recibieron otro fallo desfavorable ante una cámara revisora empiecen a cumplir pena en prisión, aun y cuando todavía puedan recurrir a una apelación.
La procuradora aseguró que hasta ahora los fallos emitidos por el STF han considerado constitucional que los condenados por un tribunal revisor cumplan pena en la cárcel. Sin embargo, pedía que el fallo de Aurélio sea suspendido hasta que el plenario de la Corte analice la constitucionalidad de la figura jurídica de sentencia en segunda instancia, en abril.
Qué significa el fallo para da Silva
Pese al carácter preliminar o cautelar, el fallo de Aurelio era de carácter vinculante para todos los jueces del país. Aunque no de aplicación automática. Cada juzgado debía analizar caso a caso su aplicación, ya que podría ignorarla en caso de que el reo presente riesgo de fuga o de entorpecer las investigaciones.
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Según un comunicado de la Procuraduría General brasileña, además de Da Silva, podían beneficiarse 169 mil presos en todo el país.
Conocida la decisión de Aurélio, la defensa de Da Silva se presentó de inmediato ante la Justicia de Curitiba. En la instancia pidió la liberación del ex presidente.
“Se torna imperioso el cumplimiento de la decisión”, reclamó el equipo de abogados en una nota presentada ante el tribunal.
Dodge afirmó en un comunicado que “el inicio del cumplimiento de la pena tras decisiones de cortes de segunda instancia es compatible” con la Constitución brasileña. Y agregó que contribuye al “fin de la impunidad” y a la “credibilidad de las instituciones”.
La sentencia contra Lula fue ratificada en segunda instancia. Luego, la defensa del exmandatario apeló la decisión. El trámite lo realizará Jair Bolsonaro el próximo 1º de enero. Recordemos que el excapitán del Ejército basó gran parte de su campaña en la denuncia de Lula y del PT.
El expresidente de izquierda (2003-2010) era el favorito en las encuestas de opinión. Esto hasta la invalidación de su candidatura a inicios de septiembre. Ahora, Da Silva cumple una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero. Está detenido en Curitiba desde el pasado 7 de abril.
