Un tribunal confirmó el jueves el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de obras públicas.
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La Cámara Federal de Buenos Aires avaló la acusación formal que dictó en septiembre el juez federal Claudio Bonadío contra Fernández (2007-2015) como supuesta jefa de una asociación ilícita y consideró que el detenido ex ministro de Planificación Julio de Vido también fue organizador de ese esquema recaudador de sobornos, informó la agencia oficial de noticias Télam.
La ex mandataria también está procesada por presuntamente comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales y de ser coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).
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Además de la prisión preventiva, se confirmó el embargo de 1.500 millones de pesos para Cristina Fernández.
El juez Claudio Bonadio, que ahora puede proceder a pedir al Senado el desafuero de la ex presidenta, justificó el pedido de prisión preventiva en que tanto ella como sus ex funcionarios mantienen «vínculos» con «medios afines, empresarios», además de indicar que Cristina»podría entorpecer» la investigación, recogió Clarín.
Fernández está protegida por fueros parlamentarios que le otorgan inmunidad de arresto y sólo perdería ese beneficio con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
Actualmente senadora de la oposición, ha negado ante la justicia ser responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas.
Acusó además al juez Bonadío de inventar causas en su contra y de estar manipulado por el presidente Mauricio Macri.
La defensa de Fernández, quien rechaza los cargos, ha anunciado que su intención es apelar el procesamiento de la ex mandataria hasta llegar a la Corte Suprema de ser necesario.
Bonadío encabezó otras causas que comprometen a la ex presidenta, entre ellas una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro y otra por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994.
Otros procesados
El tribunal confirmó además los procesamientos de casi una decena de ex funcionarios y determinó que también integraron la organización delictiva los empresarios Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, del grupo Electroingeniería, y el financista Ernesto Clarens.
Por otro lado, alivió la situación procesal de varios empresarios al considerar que no integraban la organización ilícita y procesarlos solo por sobornos. Fue el caso de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de la constructora Iecsa.
En general, la Cámara avaló la actuación de Bonadío, para quien durante los gobiernos de Fernández y de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007) funcionó en Argentina una asociación ilegal mediante la cual los empresarios que pretendían ganar una obra pública entregaban un porcentaje a los funcionarios que los entonces presidentes designaban para recibir esos sobornos. Kirchner falleció en 2010.
Respecto del destino del dinero, el juez considera que presuntamente engrosó el patrimonio personal del matrimonio Kirchner y el de varios funcionarios y que también fue usado para financiar actividades electorales y comprar voluntades en el Poder Judicial.
Cuadernos K
La investigación se inició luego de que la justicia accedió a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo de la recolección del dinero ilegal.
La justicia también cuenta con declaraciones de empresarios y ex funcionarios arrepentidos que dieron detalles sobre la supuesta operatoria delictiva.
En febrero de 2019 comenzará un primer juicio en su contra por presuntamente haber adjudicado de forma irregular obras públicas a un grupo empresarial.
Las causas judiciales no amilanan a la ex mandataria, quien es la principal figura de la oposición y en las encuestas aparece empatada con Macri de cara a las elecciones de 2019. Aunque no ha declarado si peleará por volver a la presidencia, los allegados de la senadora lo dan por hecho.