Durante la jornada del miércoles, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó sancionar con cárcel a quienes nieguen o justifiquen las violaciones a los DD.HH. Se trata de una indicación impulsada por la diputada Carmen Hertz (PC) dentro del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia.
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El artículo establece la prohibición para negar o justificar violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y que aparecen consignadas en los informes Rettig y Valech, es decir, que fueron reconocidas por el Estado de Chile. Se estableció una pena de presidio menor en su grado medio y multa de 40 a 60 UTM y, en caso que lo realice un funcionario público, tanto la pena como la multa aumentan en un grado y se le inhabilitará para ejercer cargos en el Estado por un período de tres a cinco años.
«Ley mordaza»
De inmediato hubo reacciones en sectores de derecha. Los diputados de Renovación Nacional, Francesca Muñoz, Karin Luck, Diego Schalper, Sebastián Torrealba y Eduardo Durán, cuestionaron en duros términos la indicación. “Como bancada de Renovación Nacional, hemos venido a manifestar nuestro rechazo al proyecto (…) que básicamente lo que establece, es la posibilidad de que ciertas personas por defender ideas que incluso uno puede no compartir, pague con penas de cárcel”, dijo el diputado Diego Schalper.
En este sentido, Schalper manifestó que “no creemos en una democracia protegida, no creemos que haya ciertas ideas que tengan que encarcelarse. Creemos en la libertad de expresión, y por lo mismo hemos sido muy claros en rechazar este proyecto”.
«Creemos en la libertad de expresión, y por lo mismo hemos sido muy claros en rechazar este proyecto«, Diego Schalper, diputado RN.
Los parlamentarios fundan su argumentos en tres aspectos. Primero que creen «en una sociedad democrática que no permita encarcelar a quienes piensan distinto». En segundo lugar, catalogan la medida como «incoherente, porque no sanciona a todas las violaciones de los derechos humanos, y tercero porque es irresponsable».
«La interpretación corresponde al poder judicial»
La diputada Francesca Muñoz señaló que la medida «coarta la libertad de expresión conciencia y socava lo que es la democracia. Esto es muy grave. Llamo a los parlamentarios a que reflexionen”. “Esa ley viene del dolor y de la rabia de años de dictadura, pero todos los esfuerzos que se hicieron para recobrar la democracia están expresados en la libertad de expresión, por lo tanto que desde la izquierda venga un proyecto para limitar esa libertad de expresión no tiene ningún sentido”, agregó el diputado Sebastián Torrealba.
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Finalmente, y respecto de la legislación comparada, los diputados aseguraron que “en Alemania lo que se sanciona es la perturbación a un bien público, como es el orden público, en Chile lo que quiere el Partido Comunista, parece, es que las ideas en vez de rebatirlas con ideas, se rebatan con la cárcel”.
Consultada si las personas que apoyan a Pinochet pueden ser sancionadas, la parlamentaria impulsora de la propuesta, Carmen Hertz (PC) respondió que “le corresponde al juez la interpretación de este artículo, y a mí parecer el solo hecho de declarar una opción política, no cae dentro de la tipificación. Aclaro que nosotros legislamos y la interpretación le corresponde al poder judicial».