La Asamblea Nacional de Venezuela resolvió el martes que Nicolás Maduro está usurpando la presidencia y declaró «nulos» todos sus actos desde que asumió el 10 de enero para un controvertido segundo mandato.
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Esta decisión del congreso, controlado por la oposición, podría escalar aún más el enfrentamiento entre el gobierno y el legislativo, cuyas decisiones tampoco reconoce el mandatario socialista.
El Congreso aprobó un acuerdo sobre la declaratoria de la «usurpación de la presidencia» y diseñó las medidas para conformar un «gobierno de transición» y proceder a la convocatoria de unas elecciones de acuerdo con lo previsto en la constitución.
En el texto del documento se declara formalmente la «usurpación de la presidencia» por parte de Maduro y se acuerda «repudiar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo». Asimismo, se acordó elaborar un marco legislativo para que se «otorguen garantías» para la reinserción democrática de los funcionarios civiles, policías y militares que «dejen de obedecer» a Maduro y obedezcan a la Asamblea Nacional.
«Se aprueba un acuerdo histórico», dijo el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al tiempo en que expresó que con estas acciones el Parlamento asume las «competencias que le da la constitución» para avanzar en el cese de la usurpación y el gobierno de transición.
#15Ene El día de hoy se aprobó, de manera unánime, un Acuerdo histórico en donde este Parlamento asume sus competencias con base en los artículos 233, 333 y 350.
Dios bendiga al pueblo de Venezuela. #SesionAN pic.twitter.com/rllgbSYlgf— Juan Guaidó (@jguaido) January 15, 2019
No obstante, en medio del enfrentamiento que mantiene el gobierno y el Congreso desde hace tres años, el Tribunal Supremo de Justicia -que controla el oficialismo – ha señalado al Legislativo de mantenerse en desacato a las decisiones del Poder Judicial, y que por tanto todos sus actos son “nulos”, situación que ha limitado a los congresistas opositores para que sus decisiones puedan ser ejecutadas por los poderes públicos.
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Las tensiones políticas han ido escalando en Venezuela luego que Maduro asumiera la semana pasada su segundo sexenio en medio de críticas de la mayoría de los vecinos de la región y la Unión Europea que consideraron que su reelección de mayo pasado no cumplió los parámetros legales y democráticos.
La oficialista Asamblea Nacional Constituyente había ordenado, por su parte, a los poderes públicos iniciar procesos contra los diputados opositores por el supuesto delito de traición a la patria. El presidente de la instancia legislativa, Diosdado Cabello, indicó el martes que jueces y fiscales ya iniciaron investigaciones sobre el caso, pero no ofreció detalles.
Guaidó, quien tomó notoriedad desde que asumió el liderazgo del legislativo opositor, fue detenido brevemente el domingo por miembros de la policía política en una autopista a las afueras de la capital, hecho que el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez rechazó horas después, y anunció que los funcionarios implicados en el hecho serían destituidos y pasados a la orden de la Fiscalía.
La escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la Asamblea Nacional se da en medio de una profunda crisis económica y social que padece Venezuela con una severa recesión y una hiperinflación que alcanzó los siete dígitos.