El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes un incremento del salario mínimo como parte de una serie de medidas para defender el poder adquisitivo de los venezolanos y frenar la depreciación de la moneda respecto a la tasa de cambio en el mercado negro, que según el gobierno sería usado por sus adversarios locales como un instrumento para desestabilizar su administración.
PUBLICIDAD
En una cadena de radio y televisión con motivo de la presentación del balance de su gestión anual, Maduro reiteró que seguirá gobernado por seis años más, pese a las presiones de la oposición venezolana y la comunidad internacional que lo insta a entregar el poder a la Asamblea Nacional.
«Nada ni nadie nos va a detener… de cada ataque saldremos más fuertes», insistió.
Maduro anunció su decisión de elevar a partir del 15 de enero en 300% el salario mínimo del país, que se ubicará en 18.000 bolívares, equivalente a la mitad del valor de la criptomoneda venezolana petro, que aumentó de 9.000 a 36.000 bolívares. El aumento es el 13ro. en los últimos 25 meses.
El nuevo salario mínimo mensual equivale a unos 21,75 dólares al tipo de cambio oficial y apenas 6,76 dólares a la tasa del mercado negro, lo cual sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los venezolanos, según los expertos. Por ejemplo, en moneda chilena será poco más de $21 mil.
Entre otras medidas adoptadas también destaca el aumento en 60% del Encaje Legal, es decir el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener como reserva obligatoria en el Banco Central.
Esos depósitos deben ser mantenidos como reservas líquidas y no pueden ser usados para invertir o hacer préstamos. La aplicación con mayor rigurosidad de una medida que ya restringe la capacidad de la banca para otorgar créditos y el flujo de caja de muchas empresas.
PUBLICIDAD
En 2019, según algunos economistas, se estimaba que la contracción de la economía será de 20%, una cifra catastrófica considerando que Venezuela ya ha perdido más de la mitad de su Producto Interno Bruto en los últimos años.
Para Maduro, la idea es que no sea utilizado ese Encaje legal para seguir presionando, seguir controlando el valor de las divisas.
La tasa oficial cerró el lunes en 832,62 bolívares por dólar, casi tres veces menos que el valor de la divisa estadounidense en el mercado negro, que se ha convertido en el referente de los precios de numerosos productos, generando presiones adicionales sobre la hiperinflación, que se estima podría cerrar el 2019 en 10.000.000%.
Los anuncios se producen en medio de crecientes tensiones entre la oposición, que controla la Asamblea, y el gobernante después que el 10 de enero prestase juramento para un polémico segundo mandato.
Al referirse a los mecanismos constitucionales considerados para desalojarlo del poder, sin mencionar por su nombre al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que lidera la iniciativa, el mandatario socialista expresó que en lo que a él respecta el legislador opositor puede activar «lo que quieras” porque “va seguir mandando el pueblo de Venezuela, con Nicolás Maduro».
La mayoría de los países de la región, así como Estados Unidos y la Unión Europea, desconocen la reelección alcanzada por Maduro en una votación convocada el 20 de mayo por la Asamblea Constituyente.
Maduro presentó el balance de su gestión ante la Constituyente, integrada sólo por sus partidarios, y no en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, como está previsto en la carta magna. La constituyente _considerada ilegítima por la oposición venezolana, Estados Unidos y otros países de América Latina y Europa_ se ha declarado con poderes sobre todas las demás instituciones gubernamentales, incluida la Asamblea Nacional.
El Tribunal Supremo, controlado por el gobierno, despojó de sus facultades a la Asamblea Nacional y declaró «inconstitucionales» y «absolutamente nulos» sus actos desde el 2016, argumentando que incumplió la orden de desincorporar a tres diputados opositores por supuestas irregularidades en su elección en 2015.
Los tres congresistas, del estado Amazonas, renunciaron a finales del 2016 a sus cargos para facilitar un diálogo con el gobierno. Sin embargo, el Tribunal, valiéndose de tecnicismos legales, ha mantenido la medida contra la Asamblea Nacional. Desde entonces el Tribunal dejó en el limbo el caso de los diputados de Amazonas, privando a esa región de sus representantes en el legislativo.
