La Asamblea Nacional de Venezuela (opositora) aprobó el martes Ley de Amnistía para funcionarios civiles, policías y militares que «colaboren en la restitución del orden constitucional» y «dejen de obedecer» al presidente Nicolás Maduro, a quien le declaró «nulos» todos sus actos desde que asumió el 10 de enero para un controvertido segundo mandato.
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El artículo establece que se le otorgarán «garantías» a quienes «contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350» de la Cosntitución. Además, decreta el «reconocimiento de todas las garantías de reinserción democrática» de estos funcionarios.
La nueva ley forma parte un acuerdo sobre la declaratoria de la «usurpación de la presidencia», diseño de las medidas para conformar un «gobierno de transición» y que establece proceder a la convocatoria de unas elecciones de acuerdo con lo previsto en la Carta Magna.
En el texto del documento se declara formalmente la «usurpación de la presidencia» por parte de Maduro y se acuerda «repudiar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo».
Asimismo aprobaron un decreto para solicitar a 46 países, entre ellos EEUU, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y Unión Europea, la protección de los activos de Venezuela en el exterior ante la “usurpación de poder” por parte del Ejecutivo.
«Se aprueba un acuerdo histórico», dijo el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al tiempo en que expresó que con estas acciones el Parlamento asume las «competencias que le da la constitución» para avanzar en el cese de la usurpación y el gobierno de transición.
“No va a ser sencillo”, afirmó Guaidó al referirse al acuerdo para promover la amnistía, y expresó en un discurso que lo que se busca es “estrechar manos con todos aquellos que quieran restablecer la Constitución y ponerse del lado del pueblo de Venezuela».
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Enfrentamientos
Esta decisión del congreso, controlado por la oposición, podría escalar aún más el enfrentamiento entre el gobierno y el legislativo, cuyas decisiones tampoco reconoce el mandatario socialista.
En medio del enfrentamiento que mantiene el gobierno y el Congreso desde hace tres años, el Tribunal Supremo de Justicia (que controla el oficialismo) ha señalado al Legislativo de mantenerse en desacato a las decisiones del Poder Judicial, y que por tanto todos sus actos son “nulos”, situación que ha limitado a los congresistas opositores para que sus decisiones puedan ser ejecutadas por los poderes públicos.
La escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la Asamblea Nacional se da en medio de una profunda crisis económica y social que padece Venezuela con una severa recesión y una hiperinflación que alcanzó los siete dígitos.
