El embarazo de una niña de 12 años, fruto de una violación a manos de un hombre de 60 años, la puja de la familia reclamando que se la someta a un aborto y la reacción opuesta de los grupos provida, conmociona a la provincia de Jujuy.
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Finalmente, el gobierno de la provincia argentina confirmó que le realizaron una cesárea para innterrumpir su embarazo de 23 semanas y media de gestación.
«El hospital ha decidido cumplir con la medida médico-legal ordenada por la justicia de la manera más segura para esa madre de 12 años que está en riesgo, tratando de tener la posibilidad de salvar al niño», señaló el ministro de Salud de Jujuy, Gystavo Bouhid a la radio Cadena 3.
La cuestión está en que la niña debió esperar nada menos que hasta el sexto mes de gestación para que se cumpliera su derecho a interrumpir ese embarazo. Ella lo había pedido por escrito, al igual que su madre, apenas se hizo la primera ecografía, con la gestación muy avanzada: de 23,5 semanas. Sin embargo, uno de los puntos que se ha puesto a debate en Argentina es si hubo o no una interrupción legal del embarazo (ILE), como ella solicitó.
«Cualquier embarazo en una niña menor de 13 es producto de abuso sexual y puede acceder a una interrupción legal del embarazo», dice el protocolo para la atención del embarazo en adolescentes realizado por el Gobierno de Jujuy y Unicef. El texto no fija una semana límite en la que la niña embarazada pierda ese derecho.
La interrupción del embarazo no contempla a la cesárea (que es en definitiva un parto) como una herramienta para garantizar dicha intervención pero aún así, tanto el Ministro como el hospital hablan de que, al realizarlo, se aplicó la ILE correctamente.
En Argentina «cada 3 horas una niña entre 10 y 14 años tiene un bebé, en el 90% de los casos producto de una violación». «A pesar de que la ley lo permite, la mayoría no puede acceder a un aborto no punible», añadió la Campaña Nacional por el Aborto Legal.
Otra plataforma a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, sostuvo que «las maniobras dilatorias que operan en contra del derecho de aborto legal de una niña abusada sexualmente que no quiere ser madre son tortura».
