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Según la definición del Colegio de México, un huachicolero es un “delincuente que se dedica a robar gasolina perforando los oleoductos que la conducen”.
Para el país azteca, estos delitos tienen graves consecuencias a diferentes niveles: tanto económicos, como para la salud y el medio ambiente, tal y como resaltó la compañía Pemex en un video difundido en sus redes sociales en 2016.
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El problema es que, según reveló la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) en octubre de 2018, los huachicoleros están cada vez más organizados, por lo que el daño que hacen al país es cada vez mayor, siendo ésta una de las actividades de las bandas con la que más ganan dinero.
Cada año, el erario mexicano pierde entre 15.000 y 20.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares) por el robo de gasolinas y diésel, según dijo en mayo de 2017 el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
De hecho, hay ciertos datos que ponen en evidencia el daño que el robo de combustible hace al país: el número de tomas clandestinas identificadas y selladas por donde se ordeña combustible tiene una cifra récord de 6.873 a 2016, según cifras del reporte anual de Pemex. Según su reporte anual de 2017, en ese año se registraron 10.363 tomas clandestinas, un aumento significativo con respecto al año anterior. Hasta agosto de 2018, las cifras de esta institución contabilizan más de 10.000 reportes de tomas clandestinas.
La ordeña de combustible se disparó 868% en la última década, pues en 2010 se contabilizaban sólo 710 tomas clandestinas.