El gobierno de Rodrigo Duterte mantiene una fuerte lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Pero el paso dado por la Cámara Baja y que cuenta con el absoluto respaldo del presidente filipino de rebajar la edad penal en el país de los 15 a los 9 años ha producido la reacción de activistas y grupos de protección de la infancia, considerando que se trata de una medida extrema e injusta.
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Según revela la agencia de noticias Europa Press, la propuesta ya está siendo revisada por sus aliados en el Congreso, después de que se presentara el primer día de su mandato en 2016 junto con un intento por volver a introducir la pena de muerte en Filipinas.
«El gobierno filipino está un paso más cerca de poder enjuiciar a niños como si fueran adultos, pilar fundamental de la abusiva campaña contra el crimen de
Duterte», indicó este miércoles en un comunicado el responsable de Human Rights Watch (HRW) en Filipinas, Carlos Conde.
Según los legisladores que han impulsado el proyecto, la ley protege a los niños de los criminales que tratan de explotarlos, pero organizaciones como HRW advierten de que la nueva norma los confinaría en centros de menores hasta 12 años.
Actualmente, existe una enmienda aprobada en 2013 que permite colocar en centros especiales para menores a los niños de 12 a 15 años de edad que hayan cometido delitos graves como asesinato, homicidio, secuestro, incendio premeditado y otros.
La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard -quien ha criticado duramente las políticas de Duterte-, también ha levantado la voz de alarma sobre esta “vergonzosa” medida, que calificó como “muy peligrosa y potencialmente mortal” para los niños filipinos.
”Lo vergonzoso es que la señora Callamard siga inmiscuyéndose en los asuntos domésticos de Filipinas”, afirmó hoy el portavoz del presidente, Salvador Panelo, quien la acusó de pronunciar “teoremas ignorantes e intrusivos” sobre cómo un estado debe manejar sus problemas sin haberse leído a fondo la propuesta.
