La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) llevaba cerca de un año recabando antecedentes de distintos fallos en el mundo sobre empresas de tecnología y la obsolescencia programada.
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Por eso, la semana pasada se acercaron a la Justicia para presentar una demanda contra Apple por su política de ralentizar sus dispositivos y precipitar el recambio de estos. Y ayer, el 23º Juzgado Civil de Santiago acogió la causa, que pasará a trámite.
¿Qué pide Odecus? Al ser una demanda civil, Stefan Larenas, presidente de la Organización, explica que el fin no es una multa a la empresa que pase al fisco, sino que una compensación directa a los usuarios.
«Hemos recabado antecedentes hace más de un año. Revisamos demandas que han puesto en otras partes del mundo y cómo Apple ha reaccionado. Apuntamos a esa compañía porque hay cierto reconocimiento de funcionarios sobre la empresa Apple que confirman su política de ralentizar los dispositivos», explica Larenas.
La agrupación exige una retribución de $125 mil para cada usuario que haya comprado iPhones entre 2014 y 2017. ¿La razón? Los modelos involucrados en la obsolescencia serían el 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE.
Demandas de este tipo no son nuevas en el mundo. A comienzos del año pasado varias agrupaciones de consumidores en Europa y Norteamérica recurrieron a la justicia acusando la política de obsolescencia programada en compañías de tecnología.
Larenas cuenta que una de sus inspiraciones fue el caso de Italia, primer país en que un gobierno castigó monetariamente a compañías de tecnología por ralentizar deliberadamente sus dispositivos. En octubre del año pasado, la Autoridad Italiana Garante de la Competencia (AGCM) impuso una multa de 10 millones de euros para Apple, y de 5 millones de euros para Samsung.
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«¿Somos optimistas? Confiamos en el antecedente internacional en que los fallos están favoreciendo a los consumidores. De todas formas, creemos que el camino será largo, muy largo. Vendrán etapas de apelación, revisión de los antecedentes, y así», cree el presidente de Odecu.
Al acogerse la causa, la Justicia ofició a las instituciones para recibir más antecedentes, entre ellas la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Aduanas, además de los operadores Entel, Movistar, Claro, WOM y VTR.
