La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) pide nada menos que Apple pague $125 mil por cada usuario en Chile poseedor de iPhone y que haya sido afectado por la obsolescencia programada.
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El grupo de consumidores recurrió al 23º Juzgado Civil de Santiago, que acogió a trámite la demanda y convirtió a la causa en el primer reclamo de personas contra empresas de tecnología que practican deliberadamente la política de ralentizar sus dispositivos.
Según explica El Diario Financiero, la demanda está dirigida contra Apple Chile, MacOnline y ReifStore. El objetivo de la causa, según explica Conadecus, es “cautelar el interés colectivo” de quienes compraron iPhones entre 2014 y 2017.
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En concreto, se habla de que los modelos Apple afectados con esta práctica serían el iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE.
Al acoger la causa, la Justicia chilena también ofició a las instituciones para recibir más antecedentes, llámese Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Aduanas, además de los operadores Entel, Movistar, Claro, WOM y VTR.
Antecedentes en el mundo
Demandas de este tipo no son nuevas en el mundo. A comienzos del año pasado varias agrupaciones de consumidores en Europa y Norteamérica recurrieron a la justicia acusando la política de obsolescencia programada en compañías de tecnología.
Apple ha sido la más criticada, ya que varios medios han dado cuenta de parches de software que utiliza la compañía en sus teléfonos para propiciar la caducidad de las baterías y hacer más lento al sistema operativo. Todo con el fin de apresurar el recambio de los dispositivos.
El primer golpe mundial se dio en Italia, que castigó a Apple y Samsung por caer en «prácticas injustas» con sus clientes. En octubre del año pasado, la Autoridad Italiana Garante de la Competencia (AGCM) impuso una multa de 10 millones de euros para Apple, y de 5 millones de euros para Samsung.
El organismo definió que ambas mega compañías de dispositivos móviles liberaron actualizaciones de software obligatorias, destinadas exclusivamente para ralentizar los sistemas operativos de los dispositivos y obligar a las personas a renovarlos.
«Han llevado a cabo prácticas comerciales injustas por obligar a los consumidores a descargar algunas actualizaciones en sus teléfonos móviles que causaron graves disfunciones y redujeron significativamente su funcionamiento, acelerando así su sustitución por productos más recientes», decía el comunicado de aquel fallo.
Ambas compañías fueron castigadas «al proponer insistentemente la descarga de actualizaciones de software que sus aparatos no podían soportar correctamente, sin informarles adecuadamente ni proporcionarles una forma efectiva de recuperar la plena funcionalidad de sus aparatos«, detalló el dictamen.
La multa a Apple fue más alta porque el organismo estimó que, además, no informaron de las deficiencias que las actualizaciones provocarían en sus baterías de litio.