La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación por una posible colusión en el mercado de servicios de seguridad privada para la custodia y transporte de valores.
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De acuerdo a lo señalado por El Mercurio la FNE solicitó a la Policía de Investigaciones y Carabineros allanar e incautar antecedentes desde las oficinas de Prosegur, Brink’s y Loomis, compañías con una participación de mercado muy importante en el rubro de transporte y la custodia de valores.
Diligencias que fueron realizadas el pasado mes de diciembre. Lo anterior daría pie a una indagación por un posible acuerdo entre competidores en este mercado, ya sea para fijar precios, limitar la producción, asignarse cuotas de mercado, afectar el resultado de procesos de licitación, determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores.
Según el cuerpo normativo que regula la defensa de la libre competencia, dichas atribuciones de la FNE -el allanamiento y la incautación de antecedentes- deben estar autorizadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc) y por un ministro de turno de la Corte de Apelaciones de Santiago, y solo se motivan por «antecedentes precisos y graves acerca de la existencia de practicas de colusión, reunidos por la fiscalía con anterioridad a la solicitud de autorización para hacer uso de las facultades».
Prosegur afirmó que «en relación a la investigación iniciada por la FNE sobre el sector transporte de valores, la compañía indica que esta revisión tiene un caracter preliminar y no implica que exista responsabilidad o participación de la empresa en los hechos que se investigan.
Por su parte la compañía estadounidense Brink’s sustuvo que «en relación a una investigación iniciada por la Fiscalía Nacional Económica en el mercado de servicios de seguridad privada para la custodia y transporte de valores, o bienes de cualquier naturaleza, Brink’s informa que matiene los más altos estándares en relación al tema de libre competencia»
Cabe destacar que fuera de Chile, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española multó en noviembre de 2016 a Prosegur y Loomis por repartirse el mercado, acordar precios e intercambiar información comercial.
