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Tras un encuentro sostenido en Ottawa, Canadá, once países del Grupo de Lima solicitaron a la ex Presidenta, Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, a tener un rol más activo en la crisis de Venezuela.
En este sentido, indicaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, que se hace necesario aplicar la resolución de Naciones Unidad por la crisis que vive el país sudamericano.
«Reiteran -los países firmantes- la importancia de aplicar efectivamente la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada el 27 de septiembre de 2018, ‘Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Urgen a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder de inmediato a la grave situación de los derechos humanos en ese país», dice el comunicado oficial.
A este respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, manifestó que la resolución llama a la Alta Comisionada de Naciones Unidad a tomar acciones concretas.
«Hubo coincidencia en que es un momento en que ya no hay que dedicarlo más a los análisis, a los diagnósticos, es el momento en que debe pasarse a la acción. EL Pueblo venezonalo está exigiendo volver a la democracia. La comunidad internacional está reconociendo al gobierno de Juan Guaidó y es el momento, según el Grupo de Lima, que es también Naciones Unidas pase a la acción en este ámbito tan vinculado a los Derechos Humanos», recalcó Ampuero.
En la declaración, los países del Grupo de Lima reiteraron su reconocimiento y respaldo a Juan Guaidó como Presidente «Encargado» de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a su Constitución, integrando a este gobierno a esta instancia diplomática.
«Acogen -los países firmantes- con gran satisfacción la solicitud del Presidente Encargado Juan Guaidó de incorporar al legítimo gobierno de Venezuela al Grupo de Lima y le dan la bienvenida», dice la resolución.
Sobre Nicolás Maduro, criticaron que haya manipulado diversas iniciativas de diálogo, por lo que el Grupo de Lima considera «que toda iniciativa política o diplomática que se desarrolle debe tener por objeto apoyar la hoja de ruta constitucional presentada por la Asamblea Nacional y por el Presidente Encargado, Juan Guaidó, que busque una transición pacífica entre los venezolanos, que logre la salida del régimen dictatorial de Maduro, permita la convocatoria a elecciones y el restablecimiento de la democracia en Venezuela», sostuvo la instancia.
El Grupo de Lima condenó las sistemáticas Violaciones a los Derechos Humanos, llamando al restablecimiento de la democracia, abrir un camino de ayuda humanitaria y a revisar de manera urgente el estado de los presos políticos.
Asimismo, llamando a las Fuerzas Armadas a reconocer a Guadió como la primera autoridad de Venezuela.
«(Los países del Grupo de Lima) Hacen un llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al Presidente Encargado en su función constitucional de Comandante en Jefe de la misma. Asimismo, instan a la Fuerza Armada Nacional a no impedir el ingreso y el tránsito de la ayuda humanitaria a los venezolanos», declararon.
La instancia diplomática hizo un llamado a los miembros de la comunidad internacional para evitar que el régimen de Maduro realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero, a fin de » que tenga acceso a los activos internacionales de Venezuela y que pueda hacer negocios tanto en petróleo, oro u otros activos», subrayaron.
Por último, reiteran su preocupación por el éxodo provocado por la crisis política, económica y social, haciendo hincapié también en nota de la resolución 1/2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a favor de Juan Guaidó y su familia, y exigen su inmediata implementación.
También, repudiaron las medidas del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, de prohibir la salida del país al Presidente Encargado Juan Guaidó, además de bloquear sus cuentas y bienes en Venezuela, reiterando su apoyo a un proceso de transición pacífica, a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza.
