España se prepara para el juicio más importante del país en cuatro décadas de democracia esta semana, cuando una docena de secesionistas catalanes enfrenten cargos, incluido el de rebelión, por un fallido intento de independencia en 2017.
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El juicio, que arranca este martes, será emitido en vivo por televisión y todos los ojos estarán puestos en la imparcialidad el Tribunal Supremo español.
Los independentistas catalanes han atacado la credibilidad de la corte alegando que es un títere en manos del gobierno y que cualquier fallo tendrá carácter político y se habrá decidido de antemano.
“En realidad, lo que se juzgará es la misma democracia”, escribió Oriol Junqueras, uno de los acusados, desde prisión a las preguntas enviadas por The Associated Press. “Estamos a las puertas de un juicio en el cual, en base a una investigación y una instrucción parciales y plagada de falsedades e irregularidades, se está intentando criminalizar una opción política; una ideología”.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, rechazó ese argumento y señaló que es el juicio más importante desde la transición a la democracia, en 1977, tras la muerte del dictador Francisco Franco.
“Es un juicio con los estándares más altos de la Unión Europea”, dijo recientemente Lesmes a un grupo de reporteros.
El resultado del proceso trascenderá más allá de la crisis política en Cataluña, apuntó Lesmes reconociendo que la integridad del alto tribunal está en juego.
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“Yo ciertamente creo que hay una gran campaña de desprestigio de la institución judicial española que forma parte de una estrategia procesal de defensa”, apuntó.
Las autoridades españolas apuntan que los separatistas tienen garantizado un juicio justo por la misma democracia fundamentada en un estado de derecho que supuestamente violaron.
Lesmes rechazó la idea de que los tribunales españoles operen según los deseos del gobierno, apuntando a recientes veredictos de culpabilidad contra las élites política y económica, incluyendo una condena por corrupción a antiguos miembros del por entonces gobernante Partido Popular, y la entrada en prisión, también por corrupción, del cuñado del rey.
Junqueras, ex vicepresidente del ejecutivo catalán, y otras 11 personas más serán juzgadas por su papel en la celebración de un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017, ignorando la prohibición del Tribunal Constitucional, y por una declaración de independencia 26 días después pese a las advertencias de las autoridades.
El conflicto con Cataluña se ha enquistado desde entonces. Las elecciones regionales celebradas el 21 de diciembre de 2017 mostraron que sus 7,5 millones de residentes siguen divididos sobre la cuestión secesionista.
El propio Junqueras podría recibir la condena más alta, 25 años, por rebelión. Él y otros ocho acusados llevan más de un año en prisión preventiva porque las autoridades consideran que existe riesgo de fuga.
Para Junqueras, los motivos para esta decisión son “venganza y escarmiento”.
“El estado quiere sentar un precedente y advertir a las futuras generaciones de las consecuencias de poner en entredicho el statu quo aunque esto pueda tener como consecuencia el deterioro de su propia democracia”, escribió.
El que fuera su jefe, el ex presidente Carles Puigdemont, y siete colaboradores huyeron a países europeos y han logrado evitar la extradición.
Es probable que el juicio se prolongue durante al menos tres meses. El veredicto, y cualquier sentencia, se conocerán meses más tarde.
Más de 500 testigos están llamados a declarar ante el alto tribunal, incluyendo el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy, funcionarios de los gobiernos catalán y central, agentes de policía y ciudadanos de a pie.
La acusación por rebelión dependerá de si la fiscalía puede demostrar que los separatistas emplearon violencia durante la intentona independentista. Además enfrentan cargos por sedición _ que no implica violencia _, desobediencia y malversación de fondos públicos.
“Aquí se está acusando a nuestros clientes de un delito de rebelión cuando no salieron a la calle con tanques, ni van uniformados ni llevaban armas”, dijo Jordi Pina, que representará a Turull y a otros dos acusados, a la AP. “Lo único que hicieron es permitirnos a todos los ciudadanos que quisimos coger un papelito y ponerlo en una urna”.
Políticamente también hay mucho en juego. Una sentencia severa alienaría aún más a muchos catalanes, y posiblemente incluso a algunos que no han sido seducidos por la idea de la independencia. El inicio del juicio coincide con el intento del actual presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de recabar el apoyo de los partidos secesionistas catalanes para aprobar los presupuestos generales en el Congreso.
Dado que Europa estará siguiendo de cerca el caso, Sánchez visitó la semana pasada el Consejo Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. El caso podría llegar a esa corte europea en una futura apelación.
Sin mencionar directamente a Cataluña, Sánchez dijo en el Consejo Europeo que España protege “las diferencias y las particularidades de los territorios” frente a quienes “defienden proyectos políticos basados en invenciones que incitan al odio y la división”.
Los separatistas, que tachan este proceso de «farsa», se manifestarán a las 19H00 (18H00 GMT) en Barcelona, la capital de Cataluña, región donde activistas radicales cortaron temporalmente la mañana del martes varias carreteras.
