En enero de 2018 se fraguó lo que por esos entonces no parecía un tema de gran revuelo, pero que esta semana terminó explotando en lo que se conoce como la polémica del medidor inteligente.
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De aquí a siete años, es decir, en un plazo hasta 2025, los clásicos medidores de lata analógicos deberán ser cambiados en su totalidad por los llamados «medidores inteligentes». Ellos, además de estar conectados a la red y emitir datos que terminarán con la constatación física mensual, permitirán, por ejemplo, que las compañías sepan qué hogares están sin servicio cuando se corta el suministro. ¿El problema? El costo del recambio correrá por total cuenta del usuario.
El debate estalló. La cuenta aumentaría unos $200 pesos mensuales con un plazo indefinido. Eso, porque los medidores pasaron a ser desde octubre, fecha en que entró en vigencia la nueva Ley General de Servicios Eléctricos, parte de la red de distribución. Por ende, si ahora el 70% de los usuarios es dueño de su medidor, cuando los dispositivos inteligentes sean la realidad, serán las compañías las poseedoras del dispositivo, e inflarán la cuenta con la figura de un «arriendo perpetuo».
De una cosa a la otra
Todo comenzó en 2015. En ese año, un grupo de diputados presentó una iniciativa para que fueran las empresas eléctricas quienes asumieran el costo de cambiar los medidores tras una desastre natural o una causa mayor. La idea tuvo buena acogida en las comisiones de energía, pero su tramitación se postergó.
Según consta en el archivo de la Biblioteca Nacional, con fecha de 5 de enero de 2018, fue la primera vez que se tocó el tema de los medidores inteligentes en la Comisión de Energía y Minería de la Sala. Allí, un representante de Comisión Nacional de Energía (CNE) presentó las cifras del plan piloto en Valparaíso y Santiago.
Con eso, y según consta en el registro, la subsecretaria de energía del gobierno anterior, Jimena Jara detalló que «la tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos».
En esa línea, Andrés Romero, de la CNE, recomendó aquel día la necesidad de realizar cambios en la Ley General de Servicios Eléctricos para que los medidores pasaran a ser parte de la red de distribución. Es decir, el costo del cambio y la instalación correrían por parte de las empresas, a cambio de que cobraran por el «arriendo». Dicho y hecho, los senadores Alejandro García-Huidobro, Jorge Pizarro y el hoy ministro Baldo Prokurica, presentaron la indicación al proyecto.
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Allí, además, consta en los registros que Prokurica «consultó por la posibilidad de que, al ampliarse la red de distribución, lo que implica una inversión superior, sea factible negociar un mayor valor en la tarifa».
Con eso, se aprobó por unanimidad el sustituir el artículo 139º bis de la ley, explicando que “el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución (…) Los decretos tarifarios o el que los reemplace, determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas».
Esa indicación fue aprobada por 14 votos contra 0 el 17 de enero de ese año. Entre los votantes estuvo Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Alejandro Guillier, Jacqueline Van Rysselberghe, Andrés Zaldívar, entre otros.
¿Y ahora qué?
Así como está la ley, desde septiembre pasado se está cobrando unos $200 extra a los usuarios justificado por la inversión que significará para las empresas hacer el recambio de los medidores hasta 2025. Dicho cobro se prolongará, si nada cambia, hasta que se recalcule la nueva tarifa en 2021.
Por ahora, los diputados del partido socialista, Marcelo Díaz y Patricio Rosas, ingresaron un proyecto de ley para que sean las empresas las que asuman el costo de los medidores. Eso, mientras resurgió el debate sobre una nueva Ley de distribución Eléctrica, que asegure la entrada de nuevas empresas a la red y que aseguren competencia en el servicio.
¿Sirve de algo negarse al cambio de medidor? No, según explicó la ministra de Energía Susana Jiménez, ya que, lo remplacen o no, ya se está cobrando el extra por la inversión. «El dólar subió significativamente, por lo tanto nosotros ahí sí vemos una alta probabilidad de que veamos un alza de tarifas, eso todavía está en Contraloría», agregó Jiménez.
