Actualmente los funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI) pueden realizar Control de Identidad a cualquier persona mayor de 18 años en vías o lugares públicos. También en sitios privados de acceso público. El procedimiento es más que conocido y no puede durar más de una hora. Se busca individualizar a la persona a través de documentación, como el carnet de identidad, el pasaporte, la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o la licencia de conducir.
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Si el o la consultada da un nombre falso o se niega a acreditar su identidad, arriesga una multa de una UTM, que son aproximadamente 48 mil pesos, a cuatro UTM, cercano a los 200 mil pesos. Cuando exista la duda por parte de policiales sobre la edad del joven, se tomará como su fuera menor de edad. Sin embargo este derecho a duda podría llegar a su fin. Este martes el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de control preventivo de identidad que se ampliará hasta mayores de 14 años. La iniciativa no sólo ha generado debate al interior de Chile Vamos, debido a lo polémico de agregar a menores de edad, sino que al interior de las organizaciones sociales no se ve con buenos ojos y circula una palabra fija: ineficiencia.
Ineficientes cifras
Y es que las cifras hablan por si solas. Desde la aplicación de la “Agenda Corta Antidelincuencia”, y según datos de Carabineros, en 2017 se realizaron más de tres mil control es de identidad y un tercio se concentró en la Región Metropolitana. De estos sólo el 5,5% terminó en detención.
Para el abogado Francisco Montoya, el control preventivo de identidad no tiene un objetivo de combate a la delincuencia. “No busca amedrentar delincuentes sino que atemorizar a la población, tener más niños en la cárcel es asegurarles un futuro de menos oportunidades y en vez de alejarlos de la delincuencia los acerca. Basta ver lo que pasó en Valparaíso en la última movilización donde el haber puesto efectivos de Fuerzas Especiales al final de la marcha generaba un ambiente de violencia y de represión. De la misma forma al revés, si están al comienzo de la marcha no va generar una situación de seguridad, sino una situación conflictiva”.
Crítica al Gobierno
También la crítica va al método del Gobierno. «Claramente hay un sesgo en el proyecto del ejecutivo. Se está atacando una población altamente vulnerable, que ya fue dañada por leyes como la denominada aula segura. Asimismo se promueven procesos de estigmatización en donde se criminaliza a adolescentes que no tienen ni un vínculo delictual», dice Roberto Conejeros, psicólogo del Ministerio Público y parte de la Red por la Infancia, que agrega que «se esta focalizando el cambio de la ley a una población muy acotada que lleva por los menos 3 años en una baja sostenida de delitos. A los colectivos por la infancia nos llama la atención que se avance en leyes que buscan criminalizar a los adolescentes y se postergue la creación de una ley integral de garantías para la infancia. Somos el único país en el mundo donde tenemos una ley penal adolescente (ley 20.084) sin la existencia de una ley de protección integral de la infancia».
«Lo que necesitamos en chile no son más presos, necesitamos más educación, deporte, prevención de drogas, oportunidades laborales, etc. Pero el populismo del gobierno opta por la mano dura que electoralmente es más eficiente», cuestiona Montoya.
Quitarle facultad a Carabineros
Desde el Instituto de Derechos Humanos ya se pronunciaron desde el origen del control en 2017. “Nos parecía una medida que no contribuía en prevenir o evitar que se cometieran delitos, pero además podía implicar vulneraciones a ddhh”, recuerda Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad Jurídico Judicial del Indh.
“En un contexto como el actual, donde se ha conocido el último año la Operación Huracán, donde personal de carabineros está a prueba con una acusación penal, donde se destapó el caso de Camilo Catrillanca, donde el viernes tuvimos una víctima en Valparaíso con el chorro del lanzaaguas, muy parecido a lo ocurrido con Rodrigo Avilés, lo que parece llamativo es que se le quiera dotar de más atribuciones a Carabineros. Por el contrario, debería existir mayor control y evaluación de lo que hoy hace la policía “, agrega el abogado.
