La polémica de los medidores inteligentes suma aristas. Ayer, el Ministerio de Energía sumó un intento por acallar las críticas de los usuarios al anunciar un paquete de medidas para, según dice el gobierno, ayudar a los usuarios a solventar el costo de los consumidores por la instalación de los nuevos aparatos.
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“Como Gobierno empatizamos con el malestar de la ciudadanía con las empresas eléctricas, y por la forma como esta medida fue implementada por la administración anterior. Es por ello que el Ministerio de Energía actualmente está dedicado a proponer soluciones que beneficien a los consumidores”, señaló la ministra de Energía, Susana Jiménez.
La cartera anunció, como medida estrella, la idea de que sean las empresas las que compren el medidor antiguo al momento de acudir al hogar para instalar el «smart meter». Dicha idea, sin embargo, aún está en veremos, porque desde Energía explican que es una iniciativa aún exploratoria y que dependerá del diálogo con las empresas.
Según el modelo actual, la Comisión Nacional de Energía (CNE) estima que el 70% de los usuarios es dueño de su medidor convencional. Es decir, de los 6,7 millones de usuarios totales, a 4,8 millones beneficiaría la «compra» de su aparato.
La pregunta es, ¿cuánto cuesta el medidor antiguo? Guillermo Campos, académico de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, señala que «un medidor analógico, con la depreciación de los años, se podría tasar en menos de 10 mil pesos. La pregunta es si las compañías cobrarán un fijo o variable según la antigüedad del aparato».
El precio de un medidor convencional nuevo, según el decreto tarifario de la SEC, es de $15.912. Si ese fuese el precio en que las compañías «comprarán» el aparato, la medida estrella del gobierno sería a lo menos cosmética.
En 2018, cuando comenzó la discusión por la norma técnica de los medidores inteligentes, desde Enel estimaban su precio individual en $105 mil. Es decir, la compra del aparato antiguo reduciría el precio a 89 mil, o apenas la sexta parte del costo total.
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«La medida no es significativa, casi ínfima. Los beneficios propuestos hasta ahora, la autogeneración de energía, la mejor solvencia de los autos eléctricos, son muy lejanos para los consumidores. Las autoridades han transmitido de forma muy poco clara el costo-beneficio», dice por su parte Claudio Huepe, director del magíster en Regulación, Mercado y Política Energética de la U. Diego Portales.
La ministra Jiménez también mencionó que las empresas deberán comunicar a los consumidores las nuevas tarifas horarias, lo que podría reducir la cuenta eléctrica en un 5%. Además, los usuarios que sí declaren querer el nuevo medidor a través de un sitio web, tendrán prioridad para el recambio.
«En todas partes del mundo ha habido resistencia a estos medidores. Ya hay casos en que se hackeó la red eléctrica, han habido fracasos como el inglés, donde las autoridades dieron pie atrás. Además los aparatos tendrán menor vida útil que los convencionales, todas las cosas fallan y la gente empezará a desconfiar. A las autoridades les faltó sopesar todo para comunicar los pro y contras a la ciudadanía», sentencia Huepe.
