El Obispado de Chillán informó sobre la situación de sacerdotes de la diócesis que actualmente están sujetos a una investigación o proceso canónico, a causa de denuncias por abuso sexual de menores. Uno de ellos fue dispensado del sacerdocio por el papa Francisco.
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Se trata del presbítero Luis Ricardo Montenegro Fuentes, cuya investigación previa por abuso de menor fue remitida a Roma en agosto de 2018. Con fecha del 10 de enero de 2019, el papa Francisco concedió la dispensa del celibato y la pérdida del estado clerical.
«La dispensa ha sido concedida a petición del presbítero, por el bien de la Iglesia, y luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe hiciera al Santo Padre una relación del caso. Esto significa que el presbítero queda excluido definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal», señaló el arzobispado.
Además, con fecha del 18 de febrero de 2019, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha pedido al administrador apostólico de la diócesis suspender la investigación canónica en curso contra el presbítero Héctor Bravo Merino, abierta en junio de 2018.
«La investigación diocesana no había llegado a la certeza moral de la comisión de un delito y, por otra parte, el presbítero no ha sido imputado de ninguna falta en el ámbito civil. Esta medida significa que el sacerdote no tiene restricciones para ejercer su ministerio, y que la investigación no se retomará hasta contar con elementos que muestren indicios de un delito o hasta que la justicia civil haga una imputación», indicó el arzobispado.
Asimismo, con fecha de 21 de febrero de 2019, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha derogado la prescripción de los delitos por los que se acusa al presbítero Renato Toro Medina y ha autorizado al administrador apostólico a realizar un proceso penal administrativo, con el fin de ahondar en la investigación iniciada en julio de 2018 y llegar a imponer, si es el caso, una pena justa.
En las próximas semanas se nombrará un instructor a cargo del proceso penal, el que debiera durar 4 meses aproximadamente. Se mantiene como medida cautelar la suspensión de todo ejercicio del ministerio.
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Asimismo, con fecha del 14 de marzo de 2019, se ha concluido la fase diocesana de la investigación previa contra el presbítero Jaime San Martín Solís, iniciada en julio de 2018 y ampliada en enero de este año.
Los hechos denunciados de actos impropios contra el sexto mandamiento (no cometer actos impuros), incluido un abuso de menor de edad, han sido acreditados como verosímiles. El expediente de la investigación ha sido enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que determina los pasos a seguir. Se mantiene la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal.
Finalmente, sigue en curso el proceso administrativo penal contra el presbítero Osvaldo Salgado Coe, iniciado a fines de octubre de 2018 y a cargo del canonista Claudio Soto. Se espera que dicho proceso pueda cerrarse en el plazo de un mes, luego de lo cual debe imponerse, si es el caso, una sanción penal.
«Todos estos procesos son propios del ámbito eclesiástico, independiente de lo que la justicia civil pueda esclarecer y determinar respecto de éstos u otros hechos denunciados relacionados con los presbíteros mencionados», señaló el arzobispado.
«La Diócesis de Chillán expresa su compromiso de seguir enfrentando en la verdad las situaciones escandalosas de abuso, contribuyendo a forjar una cultura del cuidado y la protección», concluyó.
