:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/YH5AD6ZLT5BJDDGNSNNC7CWVX4.jpg)
La defensa del ex senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, anunció que ambos renunciarán a su derecho a guardar silencio, ante el Tercer Tribunal Oral en lo Penal De Santiago, por el sonado Caso Corpesca.
Según los abogados defensores, los ex parlamentarios admitirán que recibieron «donaciones» por parte de las empresas involucradas en la Ley de Pesca o Ley Longueira, pero que ello «jamás afectó» su criterio parlamentario.
«Gran día en la lucha contra la corrupción en #Chile…Después de años de dilación ex senador Orpis y empresa Corpesca son llevados a juicio oral por delitos de cohecho, fraude al fisco y delito tributario #NulidadLeyLongueira», reaccionó el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, a través de su cuenta Twitter.
El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago fue el epicentro de atención del es senador UDI, ex parlamentario que arriesga 21 años de cárcel. Este martes a las 9:00 de la mañana, continuará la jornada de alegatos.
En la acusación leída por la presidenta del tribunal, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, y la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, imputaron a Corpesca S.A. el delito de sobornos a Orpis y a la ex diputada Marta Isasi.
En la acusación, los fiscales pidieron para la empresa una pena de multa de 20.000 UTM, unos $947 millones, y 5 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.
A la empresa se le imputa que a través de su gerente general, Francisco Mujica, financió la campaña política del entonces senador Orpis y de la ex diputada Isasi, «al margen del régimen legal de financiamiento». «Por la misma naturaleza del delito, es que la ley prevé una pena de esa magnitud», comentó la fiscal Chong, para salirle al paso a voces que 21 años son «desproporcionados».
En la acusación también se sostiene que Orpis recibió una serie de instrucciones, vía correo electrónico, así como también documentos o materiales que luego fueron reproducidos por este en sus intervenciones, durante la tramitación de diversos proyectos de Ley de Pesca.
El ex congresista está acusado por tres delitos reiterados y consumados. El primero, de fraude al fisco por $307 millones, por el cual se pide una pena de 12 años de presidio, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa del 50% del perjuicio.
l segundo, por cohecho, por el cual se solicita una pena de seis años, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa por el beneficio solicitado.
Y el tercero, por delitos tributarios, por el que se piden tres años y un día y una multa de 40 unidades tributarias mensuales.
