Son nada menos que 21 años de cárcel los que Fiscalía pide para el ex senador Jaime Orpis, acusado por fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios. Este lunes, el político inició su carrera a contrarreloj para demostrar su supuesta inocencia, y de una forma bastante curiosa: demostrar que aparte del financiamiento de Corpesca, otras siete empresas también lo hacían.
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“Me dio, su señoría, Entel, Costanera, GtD”, dijo Orpis sobre el banquillo de los acusados. Tras eso, además confesó que Quiborax, SQM, Costanera SACI, Agrícola Tarapacá (holding Ariztía) e Inversiones Santa Macarena, también lo habían hecho.
Fiscalía le reclama que en el caso de Corpesca, el ex senador fue pauteado durante toda la elaboración de la nueva ley de pesca, mediante un financiamiento mensual sistemático y órdenes directas vía email. La estrategia de Orpis, en cambio, es probar que su financiamiento por empresas era un método generalizado, por lo que Corpesca sería una más dentro del saco.
“En el caso de Entel me reuní con Richard Büchi, si mal no recuerdo en el edificio empresarial en Santiago. En el caso de Quiborax fue con Alan Fox”, relató Orpis. “Me tocó conocer a don Manuel Ariztía en Iquique. Le pedí una reunión que se desarrolló en Melipilla. En el caso de Costanera, me reuní con Alfonso Swett padre, en su oficina. En el caso de GTD me reuní con Carlos Casanueva en la oficina de la calle Huérfanos”, prosiguió.
Además, reveló que desde SQM su contacto era Patricio Contesse.
Según la propia declaración de Orpis, de SQM recibió unos $4,5 millones, de Entel $10 millones, y de Quiborax $15 millones. Su tesis es que todas estas empresas pusieron dinero en sus bolsillos para financiar campañas, pero no para comprar su voto y consciencia en leyes.
En línea con su curiosa defensa, el ex senador señaló que los aportes que recibió en 2009 iban a parar a la campaña del entonces ahora diputado UDI por Arica, Nino Baltolu.
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Se prevé que las declaraciones de Orpis duren toda esta semana, mientras que el juicio en el que arriesga hasta 21 años de cárcel podría extenderse, al menos, durante 7 meses.
