Orpis negó ser el soplón en ley de pesca: "Corpesca tenía sus propios equipos desplegados en el Congreso"

Además, negó que los emails al ex gerente de la empresa los realizó él. "Lo manejaba directamente mi secretaria", afirmó.

Por Agencia Uno

Este martes el ex senador Jaime Orpis volvió a declarar en el marco del juicio oral en su contra, por el caso Corpesca, en donde está acusado de fraude al Fisco, cohecho y delitos tributarios.

El ex parlamentario comenzó a prestar declaración ayer lunes, oportunidad en la que reconoció que recibió financiamiento de la empresa para su campaña electoral, y que esta era una práctica habitual en el mundo político.

Esta jornada, Orpis señaló que él no informaba a Corpesca, ya que la empresa tenía a sus propias personas desplegadas en el parlamento para recabar su propia información, según consigna Radio Cooperativa.

"En todos los trámites constitucionales, Corpesca se informó a través de sus propios equipos que tenía desplegado", detalló el ex senador.

Por otra parte, fue consultado por un dictamen de la Contraloría que salió desde su correo electrónico hacia la cuenta del ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica.

Al respecto, afirmó que “en el mes de junio se hizo la presentación a Contraloría. ¿Cómo se informó Corpesca? A través de abogado, sobrino de Francisco Mujica, que trabajaba en la Contraloría".

En la misma línea, agregó que si bien el documento salió desde su cuenta, este “correo electrónico yo no lo manejaba, lo manejaba directamente mi secretaria", agregando que fue enviado un día después de que el sobrino de Mujica les informara de la situación.

Asimismo, explicó que en el mensaje no se incluía ningún comentario que indicara alguna tendencia, ya que su trabajo parlamentario no tenía relación con los intereses de la empresa.
Se espera que Orpis declare, por lo menos, hasta mañana miércoles, cuando sea interrogado por los otros delitos que se le imputan: ilícitos tributarios y fraude al fisco.

Cabe recordar que la fiscalía pide en contra del ex senador UDI 21 años de cárcel por fraude al fisco, cohecho e ilícitos tributarios, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y multas.

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