Ya no son sólo los políticos del oficialismo y la oposición, sino que ahora es el propio Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el que se metió en la polémica del control preventivo a menores de 14 años que quiere impulsar el gobierno.
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Y vaya de qué manera. Según señala el organismo internacional en un comunicado que publicó hoy, la política que impulsa el Presidente Sebastián Piñera sí violaría los tratados internacionales.
«Unicef reitera lo dicho en 2016 (…) La aplicación del Control Preventivo de Identidad para adolescentes a partir de los 14 años, contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos», expresa la Unicef.
El organismo internacional es claro en su postura de rechazo. «La Unicef espera que en la discusión de este proyecto de ley se desestime la incorporación de los menores de edad en esta iniciativa», dice tajante.
La ilegalidad del proyecto incluso fue destacada por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien esta semana dijo que «(Chile) no puede hacer caso omiso a derechos internacionales».
La posición de las Naciones Unidas contraviene a lo dicho por el propio ministro del Interior Andrés Chadwick, quien señaló que «aquí la Convención del Niño y los tratados internacionales no impiden y menos prohíben que puedan existir este tipo de controles preventivos».
Piñera, precisamente, se ofuscó cuando en un entrevista en Canal 13 cuestionaron la legalidad del control preventivo a menores. Allí, el mandatario señaló que como mandatario jamás presentaría un proyecto «ilegal, fuera de la Constitución». Este miércoles, además, el líder de La moneda dijo que le sorprendía que en este tipo de medidas «siempre alguien viera un problema (…) encuentran la quinta pata al gato para no hacer lo que tenemos que hacer», expresó el Mandatario.
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Respuesta de La Moneda
En tiempo récord, Chadwick salió al paso de la crítica de Unicef. La mano derecha del presidente consideró que pese al diagnóstico de las Naciones Unidas, «mi sentido común me dice que sí debemos llevar el proyecto adelante».
«Ahí tenemos una discrepancia jurídica, una interpretación diferente», enfatizó el secretario de Estado, agregando que “cómo eso va a ser entendido como una acción que pueda poner en riesgo. Lo hacemos para evitar que otros niños sean víctimas de la delincuencia”.
Consultado sobre las dificultades que encontrará en el Congreso la ley, y a propósito de cómo le quitó el piso el organismo internacional, el ministro expresó que «sí, tenemos confianza en que en el Congreso, con razones y con diálogo, podemos mejorar un proyecto de ley y aprobarlo. Lo que pide la familia chilena es seguridad».
