El persecutor de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins Sergio Moya, que investiga la presunta corrupción centrada en el actuar de tres ministros de la Corte de Apelaciones regional, por presuntos actos irregulares. Denuncia la visita nocturna de uno de los jueces investigados al tribunal, el hallazgo de cajones desarrajados y el aviso anticipado de una revisión de cuentas bancarias.
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En Rancagua se está tramitando la investigación centrada en el actuar de tres ministros de la Corte de Apelaciones regional, por presuntos actos irregulares. Quién está a cargo de las pesquisas que complican al Poder Judicial es el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Sergio Moya.
En entrevista con La Tercera, el fiscal señaló que la indagatoria al poder judicial comienza de manera informal el año 2015, producto de cuestionamientos a resoluciones de algunos ministros.
«En varias ocasiones defensores penales públicos que defendían a imputados concurrían a la Corte de Rancagua con determinados antecedentes y obtenían resultados negativos. A continuación venía un cambio de abogado, la contratación de abogados particulares, los cuales prontamente concurrían a la corte y con los mismos antecedentes, obtenían un resultado distinto a defensores públicos»
Colaboración permanente
Al ser consultado sobre la dificultad de investigar a los ministros de corte por parte de la fiscalía, Moya sostiene que cuentan con el respaldo absoluto de la Fiscalía Nacional, de las unidades especializadas de la unidad anticorrupción.
Además «hemos tenido una colaboración permanente, una postura firma y decidida por parte del Poder Judicial de facilitar nuestro trabajo, de dar curso a las medidas que solicitamos. Yo he declarado en al menos dos ocasiones en el sumario de la ministra señora Rosa María Maggi y siempre he recibido de parte de ella y de la Corte Suprema y de la Corte de Rancagua una plena disposición de colaboración». Por lo que sostiene que en ningún caso se pone en riesgo la institucionalidad.
Pero alerta que si hay imputados investigados que sí «están realizando maniobras para atacar a fiscales y jueces que han dado las autorizaciones pertinentes, con conductas obstructivas a la investigación».
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Señala que el ministro Vásquez se contactó para ponerse a disposición de la investigación. «Eso se programó para el día viernes, donde se le recibió, entregaron algunos antecedentes, pero la semana pasada nos informamos que dos días previos a esa visita de buena fe, el imputado concurrió en horas de la noche a la corte se a retirar en una bolsa una multiplicidad de especies, como pendrives y otros objetos de relevancia penal, y que al analizar el registro de su oficina se constató que había cajones que habían sido desarrajados para sustraer información. Es decir, hay maniobras de parte de los imputados para entorpecer la investigación», señaló.
En cuanto al juez Elgueta retrasó información bancaria gracias a información de que estaba siendo investigado. «Es por eso que pedimos al tribunal de garantía indagar de forma interna si habían antecedentes para determinar cómo esta persona se pudo haber enterado de que estaba siendo investigado», alega Moya.
Entre los cuestionados, por fotografías de camaradería con los implicados, se encuentra el senador Juan Pablo Letelier. Sin embargo para Sergio Moya la conducta desplegada por su parte «no tiene ninguna relevancia jurídico investigativa. Él deberá responder ante la Comisión de Ética del Senado, frente a la opinión pública de algunas gestiones que ha realizado. Hasta ahora no tenemos ninguna conducta jurídico penal relevante, pero si llegamos a determinar que la hay, sin duda será indagado», concluyó.
