Hay que pagarlos y no serán nuestros, que medían más luz de la que gastamos y otros mitos más de corte conspirativo, como que nos espiarían con ellos. Los medidores inteligentes solo fueron blanco de críticas por parte de la ciudadanía en general y eso finalmente terminó haciendo eco en el Gobierno.
Ayer la ministra de Energía, Susana Jiménez, y su par de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, informaron que el aceptar el nuevo aparato será voluntario para los clientes. Junto con ello se indicó que se rebajará el límite actual de ganancias que tienen las compañías eléctricas.
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Cabe recordar que por una ley aprobada por el Congreso en 2017 –que buscó mejorar la respuesta ante interrupciones del servicio-, en un plazo de siete años los medidores actuales de todo el país debían se reemplazados por los nuevos en un plazo que expiraba en 2025. Pero fue en esa norma donde se originó el gasto para los usuarios, que debían costear mediante sus cuentas la inversión de las empresas, pero sin ser dueños de los aparatos.
“Como Gobierno hemos propuesto que el recambio de medidores será voluntario para las personas, y esto se hará a través de una cambio a la norma técnica de calidad de servicio”, dijo Jiménez, mientras que Blumel dice que se traspasará a las compañías la responsabilidad de convencer con algún incentivo a sus clientes para que decidan hacer el recambio.
Pero ¿qué pasa si el cambio es voluntario, pero el costo del aparato ya se está aplicando en la tarifa? Desde el Gobierno se señaló que ahora que se viene la fijación del nuevo proceso tarifario, que regirá desde finales de 2020, se buscaría aplicar una rebaja, junto a la rentabilidad de las distribuidoras.
En ese sentido, la ministra también anunció una ley corta para modificar la actual tasa de 10% de rentabilidad de estas empresas a 6%. “Revisaremos a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras, lo cual va a tener un impacto directo en el próximo proceso tarifario que le compete tramitar a este Gobierno”, dijo.
Experto: la polémica pesó más
“Desde mi punto de vista de académico, creo que el mal manejo comunicacional pasó la cuenta. No es posible que los rumores y mitos hayan superado los aspectos técnicos”, se lamenta Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach.
El académico sostiene que “los beneficios de la medición inteligente no son viables si el recambio es voluntario” y remarca que “los medidores antiguos hacen que la red eléctrica sea una caja negra”.
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En ese sentido, el experto enfatiza que “para que los nuevos medidores puedan desempeñarse adecuadamente con sus capacidades de telecomando se requiere un mínimo de 80% o más por zona geográfica. Si no se alcanza, no es posible telemedir y a la vez, no se logran los ahorros en personal”, acota.
Verdejo recalca que lo clave para destrabar este tema “radica en educar a la ciudadanía y mostrar que la tecnología permite mejorar la calidad de vida”.
Desde la industria, la empresa CGE reaccionó al anuncio del Gobierno, reconociendo que éste obedece a que “el rechazo de la población a esta medida es muy alta”, expresó el presidente de la compañía, Antonio Gallart.
Las declaraciones las realizó en la junta de accionistas, donde destacó que “no hemos visto que un medidor electrónico haya despertado tanto rechazo”.
