Hace 104 años la ciudad de Rancagua se convirtió en el centro de atención del país cuando se libró allí la batalla que marcó el paso de la Patria Vieja a la Reconquista. En 2019 la ciudad de nuevo es el centro, sin embargo, no por gestas independentistas, sino que por un escándalo de proporciones que la vuelve en el centro de la corrupción nacional. A continuación, las claves para entender el «Segundo gran Desastre de Rancagua».
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Cuando explotó la bomba
Hace tiempo era un rumor de pasillo en la Corte de Apelaciones. Desde 2015 se investigaba informalmente al juez Emilio Elgueta pero en marzo de este año todo cambió. Allí, la Corte Suprema suspendió a Elgueta por un supuesto enriquecimiento ilícito, primero, y luego a su compañero Marcelo Vásquez, quien nombró a su propia hija como asesora en varias cortes de O’Higgins.
La situación era extraña. Elgueta es acusado, entre muchas cosas, por mantener conversaciones telefónicas con 7 abogados. Según dicen, el juez trafico influencias para modificar cautelares en ciertos casos y recibió dinero por ello. En un caso, habría intervenido a favor de un médico amigo condenado por tráfico de estupefacientes. Además, hay varios movimientos extraños de dineros y cuatro cuentas que se le investigan. Incluso un colega, tras jurar como juez de Garantía, le transfirió sospechosamente un millón de pesos al otro día.
Vásquez habría incurrido en ilícitos similares. Consta que fue decisión suya designar en múltiples ocasiones su hija como asesora técnica en varios tribunales de O’Higgins. Para la posteridad, además, quedó el video cuando se lo aprecia en medio de la noche llegando a la Corte para llevarse «objetos personales».
Otro que está en la lupa es Marcelo Albornoz. Eso sí, no está en calidad de suspendido. También habría participado en la red de corrupción, interfirió en la causa del mismo médico amigo de Elgueta, y habría sido escudero de los principales involucrados. Eso sí, durante el proceso no se descarta la inhabilitación de más jueces.
La guinda la colocó el senador Juan Pablo Letelier, que se vio envuelto en la polémica tras filtrarse una foto de fines de 2016 donde aparece en una tertulia con todos los involucrados.
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Guerra de fiscales
Hace 5 días la polémica estaba lejos de menguar cuando el fiscal Sergio Moya le echó bencina a la llama. Denunció a su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias, de usar su poder para interferir en varios casos. Uno de ellos por favorecer al abogado del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien era investigado por malversación de fondos.
Otra fue la de supuestamente favorecer al síndico Herman Chadwick -sobrino del ministro del Interior- quien arriesgaba cárcel por el Caso Caval pero que se liberó de las rejas en un juicio abreviado. Eso lo habría hecho con la excusa de no ensuciar al gobierno de Piñera, según denuncia Moya.
La guerra se declaró. Arias negó hacer gestiones por Chadwick pero un correo filtrado lo desmintió, ya que se aprecia que él dio la orden de que se encargaría de las salidas alternativas. La denuncia la tomó el fiscal nacional Jorge Abbott y designó al jefe de Magallanes, Eugenio Campos, para investigarlo penalmente. Eso sí, Arias no se quedó ahí y jugó con la misma lógica: divulgar una supuesta conversación en que el mismo Moya le confiesa que Abbott le cuidaba las espaldas y que incluso le ofreció el puesto en la fiscalía regional que él quisiera.
A Arias le llueve sobremojado, aunque a los cuatro vientos pide que lo «investiguen por completo» y acusa una mala intención de Moya. Además, son conocidas sus diferencias con Abbott.
Chadwick y el teatro del desfalco
Por condimentos, la historia se luce. Tanto que incluso el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió al baile. Este martes por la noche se filtraron mensajes del por estos días vicepresidente de la República hacia el alcalde de Rancagua Eduardo Soto.
Chadwick pidió a Soto en 2017 un tuit en apoyo a Arias, que era criticado por su causa sobre los incendios intencionales. El alcalde, por esos días, entregaba antecedentes por la investigación que lo involucra en malversación de fondos públicos en la construcción del Teatro Regional. Según un informe de Contraloría serían cerca de $1.300 millones los que se desviaron, y según informes de la PDI, al menos $150 millones son atribuibles al alcalde.
Allí es donde la trama vuelve a Arias. En la reunión de fiscales que decidió el persecutor del fiscal regional, se divulgó un antecedente donde supuestamente Arias se abría comprometido con el alcalde a archivar su causa luego de tomar unas declaraciones, además de pedir un «trato preferencial» a sus subalternos -incluido Moya- para el abogado de Soto.
De hecho, en los mensajes divulgados, Soto le pregunta a su abogado sobre alguna novedad con la causa del teatro. «Vamos a declarar y después se archiva», confirma el otro, dando a entender que la acusación de Moya tendría lógica. Lo más llamativo es que luego el alcalde le dice al abogado que Arias le escribió. Su defensor, curiosamente, lo tranquiliza diciendo «Andrés (Chadwick) lo conoce, y eficiente 100%».
Ayer, Chadwick tuvo que salir a aclarar la polémica. «Es una conversación de whatsapp que la tuve hace 2 años atrás. No tenía ningún cargo público. Es una conversación absolutamente normal en tono de amistad», señaló, agregando que esperaba que «no sea utilizado políticamente». Obviamente, las críticas le llovieron.
