La ministra Rosa María Maggi formuló este jueves nuevos cargos contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta Torres y Marcelo Vásquez Fernández, en el marco de la ampliación de la investigación por irregularidades ocurridas en esa jurisdicción, decretada por el pleno de la Corte Suprema el 4 de abril.
PUBLICIDAD
Los dos ministros, junto al ministro Marcelo Albornoz, se encuentran suspendidos de sus funciones como medida cautelar. La ministra instructora cerró la etapa indagatoria de esta ampliación el viernes 26 de abril y ese mismo día ordenó notificar de los nuevos cargos a los ministros mencionados, relativos a incumplimiento de obligaciones funcionarias y que compromete el principio de probidad.
En la investigación de la ministra no se acreditaron nuevos hechos constitutivos de faltas disciplinarias que involucren a otros funcionarios de la jurisdicción de Rancagua, por lo tanto no existen cargos contra otros funcionarios.
A fines de marzo los ministros Elgueta y Vásquez y el ministro Marcelo Albornoz fueron notificados de los primeros cargos formulados en su contra por la ministra Maggi, en el marco de una investigación disciplinaria ordenada por el Pleno del máximo tribunal del país el 3 de diciembre pasado y que esa vez se refirieron a conductas diversas que podrían configurar un posible «tráfico de influencias» materializado en nombramientos de funcionarios o en intervención en algunos procesos judiciales.
Según el auto acordado 15-2018 sobre Régimen Disciplinario, después de la formulación de cargos existe un plazo de 5 días para que las defensas presenten descargos y la posibilidad de ofrecer testigos. Luego de eso, los investigados tienen 10 días de plazo para rendir la prueba que ofrezcan. Posteriormente, la ministra instructora debe presentar su informe final que considere ambas etapas de la investigación.
Aclaró prensa del Poder Judicial, que los procesos disciplinarios son investigaciones de conductas derivadas del incumplimiento de un deber o prohibición funcionaria y son independientes de las responsabilidades penales o civiles que puedan afectar a miembros del Poder Judicial por ese mismo hecho.
