Pese a que el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, lucían risueños a la hora de firmar el acuerdo de cooperación entre el Ministerio Público y la Iglesia por delitos sexuales, la recepción del mismo fue bastante discutida.
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Las principales críticas decían relación a que el acuerdo, de una u otra forma, implica una consideración especial con los victimarios eclesiásticos, versus las demás personas. Ese es, por ejemplo, uno de los planteamientos de la Fundación para la Confianza y la Red de Víctimas de Abuso, institución que nació al alero de las víctimas de Karadima.
Ahora son los propios fiscales quienes se rehusan a adoptar el acuerdo. Este sábado, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, señaló que «el acuerdo fue un error que debe ser corregido rápidamente».
En esa línea, la agrupación de fiscales insistió en que «ojalá se concrete pronto intención de la Fiscalía Nacional de revisar Convenio con la Conferencia Episcopal».
