La guerra de la fe pública: Piden la apertura de notarías en 15 comunas de la Región Metropolitana

En sus 28 kilómetros cuadrados de superficie Vitacura acoge 21 colegios, un consultorio de atención primaria, tres clínicas, casi diez mil locales comerciales, 53 sucursales bancarias y tan solo una notaría.

En el poniente, Maipú cuenta con 27 bancos, 3.600 locales comerciales  y dos notarías para dar cobertura a su más de medio millón de habitantes. En tanto, en Providencia hay siete de estas oficinas pero a primera vista no parecen suficientes: en la comuna hay 1.661 locales comerciales, 77 centros bancarios y tres dependencias judiciales, entre otros.

En esos casos y el de otras 13 comunas, de acuerdo al último informe de la Asociación de Notarios y Conservadores, es urgente la creación de notarías para la realización de trámites públicos y privados.

«El estudio arrojó como resultado que se requiere con urgencia la creación de estas en ciertos sectores, donde se están produciendo concentraciones. Son polos de desarrollo, mucha gente se esté trasladando hacia esos lugares. El INE dice que hay 200 mil habitantes en Providencia, pero la población flotante es de un millón 800 mil personas», comenta el vicepresidente del ente gremial, Alfredo Martin, quien despachó un oficio con esas cifras al Ministerio de Justicia.

El documentario de los notarios se enmarca en la discusión por la Ley de Reforma al Sistema Notarial y Registral, que llevó al Ministerio de Justicia a la suspensión por 30 meses del decreto exento 1515 presentado por el gobierno anterior. De las 101 notarías que este creaba, solo 61 seguirán en tramitación bajo la legislación actual. Ninguna de ellas se emplaza en la región.

«Santiago es el lugar que mayor necesidad tiene de la creación de notarías. Se le dio prioridad a lugares donde no se requieren con tanta urgencia», añade Martin.

Desde el ministerio que encabeza Hernán Larraín comentaron a Publimetro que la medida se justifica en los estándares que instala la nueva legislación, que hoy se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. «La nueva institucionalidad no es incompatible con los efectos del decreto. Por el contrario, son complementarios. Lo que se pretende es utilizar las nuevas normas, especialmente lo relativo a la consideración de los méritos de los postulantes y la transparencia de los procesos, lo que permitirá elegir a los mejores candidatos en los cargos creados», indicaron desde Justicia.

«Puede que tome un poco más de tiempo, pero los alcaldes y la ciudadanía en general podrán estar seguros que los cargos creados el año 2017 serán ocupados por los mejores candidatos en cada caso», recalcan desde la cartera. 

El diputado Leonardo Soto (PS), miembro de la Comisión de Constitución, no comparte los argumentos del Ejecutivo.  «Resulta incomprensible que el actual  Ministerio de Justicia haya suspendido la creación de estos 101 nuevos cargos notariales, toda vez que son una demanda creciente y persistente en un conjunto de comunas donde no tienen ningún notario o muy pocos, con servicios caros y a veces alejados de los nuevos usuarios», sostiene el parlamentario.

Guerrilla notarial

El 6 de enero pasado el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, acusó un lobby feroz contra la iniciativa legal. Uno de los puntos que genera resistencia es la creación de los fedatarios, ministros de fe que podrán realizar los denominados trámites «de mesón”, como finiquitos y salvoconductos.

Mientras que como fedatarios públicos se asignará a secretarios municipales y funcionarios del Registro Civil en lugares que así lo requieran por condiciones geográficas, abogados particulares podrán transformarse en ministros de fe privados a través de un concurso público.

«El balance es positivo. La discusión parlamentaria ha sido muy provechosa, pues se ha avanzado en los aspectos esenciales del proyecto, como es el caso de la creación de los fedatarios. Pero ha permitido también que los parlamentarios efectúen aportes a la discusión», comentan desde Justicia.

En la Asociación de Notarios miran esta figura con suspicacia. «El fedatario público es una manera de darle accesibilidad a las personas a los servicios notariales. En cambio, el fedatario privado es un personaje que serça masivo, habrán entre cuatro y ocho por cada oficio notarial, es decir, podremos llegar a cerca de cuatro mil. La fiscalización es imposible en la práctica» dice Alfredo Martin.

El directivo insiste: «¿Qué es lo que pasa con el fedatario privado? Tiene un conflicto de interés. No está inhabilitado para el ejercicio de la función de la profesión, o sea, siendo abogado litigante puede preconstituir pruebas.  Es una figura que representa un factor de riesgo para el corazón del sistema. Yo hablaría de ministros de fe itinerantes instalados precariamente, que ofrecerán sus servicios por todos lados sin el rigor que un servicio de esta naturaleza requiere».

Otras de las aprensiones dice relación con el uso de la tecnología para trámites remotos. «Compartimos  lo que es fortalecer la gestión: el sistema de nombramientos, la fiscalización, la simplificación de trámites y la tecnología como una herramienta que facilita la vida de la gente. No como un reemplazo del componente presencial, que verifica que se está actuando libremente», argumenta el portavoz de los notarios.

Desde el gobierno descartan que la fe pública esté en riesgo  «El sistema que se propone podría ser más seguro que el actual, pues hoy las personas no firman frente al notario y este hace plena fe de lo que le informa un subalterno. Con las normas hoy en discusión, se podrá tener varios y elevados sistemas de reconocimiento de la identidad, más allá del uso de una clave, pudiendo llegar al reconocimiento de huella digital e incluso el reconocimiento facial. Se debe tener presente que la firma electrónica en escrituras públicas no es una obligación, será una alternativa más y sólo podrá utilizarse en aquellos actos y contratos que, conforme su naturaleza, lo permitan», precisan.

En tanto, el diputado Soto valora el proyecto como un paso adelante en términos de transparencia y competencia. «La unanimidad de la Comisión de Constitución, donde está radicado este proyecto de ley, aprobó en general la propuesta del gobierno. Es decir, abrirse a hacer un cambio en el sistema. Los fedatarios introducirán competencia al interior del mercado de los notarios, que esperamos favorezca a los usuarios por la vía de menores costos y con mejores tiempos de tramitación. Nosotros entendemos como natural la resistencia de los notarios, pero revela una defensa de su interés corporativo», dice el legislador.