La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional y los procesos judiciales contra otros nueve de sus miembros asestaron un duro golpe a la oposición venezolana, que llamó a concentraciones en todo el país el fin de semana en un nuevo desafío al mandatario Nicolás Maduro.
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Las acciones contra los opositores son percibidas por los analistas como un “contraataque” del gobierno para demostrar que aún está fuerte tras el alzamiento militar del 30 de abril, que dejó al descubierto la existencia de fisuras en la fuerza armada y el oficialismo, y seguir golpeando el entorno del líder opositor Juan Guaidó, quien a pesar de haber perdido la inmunidad parlamentaria no ha sido detenido.
“Vamos a seguir en ofensiva en las calles”, afirmó Guaidó al descartar que los procesos iniciados contra los congresistas vayan hacer retroceder a la oposición.
El jefe de la Asamblea Nacional consideró como una “atrocidad” la detención del vicepresidente del cuerpo legislativo, Edgar Zambrano, y dijo en conferencia de prensa que el gobierno recurre a la “persecución” de diputados porque busca verse “fuerte cuando no tienen el respaldo del pueblo” y ante la “fractura” de la fuerza armada.
La oposición venezolana en el exterior pidió a la comunidad internacional condenar el arresto de Zambrano y los procesos judiciales contra otros legisladores. Antonio Ecarri, embajador en España de Guaidó, dijo que “la indiferencia no es una opción”.
La detención de Zambrano fue rechazada el jueves por la Unión Europea, 11 países de la región que integran el Grupo de Lima, y la Oficina del Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que instó a las autoridades venezolanas a que lo liberen y detengan los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que el arresto de Zambrano «es un acto inaceptable e ilegal que es otro reflejo de la represión del ex régimen de Maduro».
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“Este asalto a la Asamblea Nacional debería servir como un llamamiento a la región y al mundo de que la dictadura no está interesada en soluciones constitucionales a los problemas del pueblo venezolano», acotó Pompeo en un comunicado.
Estados Unidos advirtió que habría «consecuencias» si no lo liberan de inmediato.
Por la tarde, México reiteró “su absoluto respeto a los principios de no injerencia en asuntos internos de los países. Sin embargo, a través de un comunicado por primera vez manifestó preocupación por “la situación de los derechos humanos, el derecho al debido proceso del pueblo venezolano y la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria de ese país”, en referencia a la detención de Zambrano.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no ha definido cómo se reorganizará tras la detención de su vicepresidente y las acciones judiciales que enfrentan más de una docena de diputados, algunos de los cuales han huido del país o se han refugiado en embajadas, lo que deja al Legislativo con limitaciones para alcanzar el quórum requerido para discutir y aprobar leyes.
Al respecto Guaidó aseguró que el quorum de funcionamiento del Congreso está “intacto”.
Zambrano, de 63 años, fue detenido el miércoles en la noche por la policía política (SEBIN) cuando se encontraba en su camioneta frente a las oficinas de su partido, Acción Democrática, en el norte de Caracas. En los últimos años el dirigente cumplió funciones de enlace entre la oposición y el oficialismo.
Frente a la sede capitalina del SEBIN, en el oeste de Caracas, la abogada Neida Pérez, representante legal de Zambrano, denunció la detención de Pedro Rosario, chofer del diputado, y de tres miembros de su equipo de trabajo: Martín Hernández, Abraham Rodríguez y Luis Eduardo Peña. Pérez consideró “ilegales” y “arbitrarias” los arrestos del congresista y las otras cuatro personas, y dijo a la prensa que en esos casos se está violando el “derecho a la defensa”.
La acción contra el congresista, que acompañó a Guaidó en el fracasado alzamiento militar de la semana pasada, se dio un día después que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le retirara la inmunidad parlamentaria para permitir su enjuiciamiento por los delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes”, tal como lo acordó el Tribunal Supremo de Justicia.
Igual suerte corrieron sus colegas diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Mariela Magallanes, a quienes también les retiraron la inmunidad parlamentaria para permitir su enjuiciamiento por delitos similares tras vincularlos con la fallida sublevación militar del 30 de abril.
Blanco anunció el jueves a la televisora local por internet VPITV que se refugió en la embajada de Argentina en Caracas, donde está en calidad de huésped, mientras que Magallanes se encuentra en la residencia del embajador italiano en la capital venezolana.
Horas antes de la detención de Zambrano, el máximo tribunal anunció la apertura de procesos contra otros tres diputados opositores, todos miembros del partido Voluntad Popular del cual forma parte Guaidó. Se espera que próximamente la Constituyente también les retire la inmunidad parlamentaria para enjuiciarlos por delitos similares a los de sus colegas.
«Ellos creen que no va a haber justicia. Aquí va a haber justicia», afirmó el miércoles en la noche el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, en su programa en la televisora estatal al defender el arresto de Zambrano, al que acusó de ser «uno de los jefes principales del golpe».
Sobre las implicaciones de las recientes acciones del gobierno contra la oposición, el politólogo Luis Salamanca dijo a The Associated Press que el gobierno realizó un “contrataque” hacia la dirigencia opositora para “demostrar fuerza” y tratar de superar el “debilitamiento” que sufrió tras la sublevación militar de la semana pasada.
“Están tratando de desarmar a la Asamblea para que no sea el reducto de la oposición institucional”, sostuvo Salamanca.
A la pregunta de por qué el gobierno actúa contra el vicepresidente del Congreso y no ha arrestado a Guaidó, quien encabezó el fracasado alzamiento militar, el sociólogo José Antonio Gil Yepes, director de la encuestadora local Datanálisis, indicó que la detención del líder opositor, que ha sido reconocido por más de medio centenar de países, sería una “cosa sumamente riesgosa” para Maduro porque implicaría nuevas sanciones de Estados Unidos y la UE que profundizarían la crisis de su gobierno.
