El allanamiento a la casa del fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, por parte de la PDI dejó en evidencia que en su casa tenía celulares, discos duros y carpetas de investigación. Evidencia que deberían haber estado en manos de la fiscalía y no en la casa del investigador.
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Según fuentes policiales durante el registro al domicilio del fiscal, ubicada en la VI Región, la PDI incautó 12 celulares, un set de evidencias y los dos discos duros de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, quienes son investigados por una serie de delitos vinculados a actos de corrupción.
Según señala La Tercera, el domicilio y la oficina de Moya fueron allanados por orden de la jueza Viviana García de Temuco luego de que el persecutor regional de Aysén, Carlos Palma, le solicitara la medida intrusiva basándose en el correo electrónico que entregó el fiscal Emiliano Arias durante el interrogatorio al que fue sometido por su homólogo Eugenio Campos tras la denuncia por tráfico de influencias y develación de secreto de causas penales presentada el 19 de abril por el propio Moya.
La diligencia, que fue tramitada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, encendió las alarmas en Ministerio Público.
La inquietud está basada en que si las evidencias no contenían la cadena de custodia respectiva es probable que lo que se encuentre en esos dispositivos tecnológicos no pueda ser ocupado en la indagatoria contra los magistrados, provocando un daño mayor que podría ser usado a favor de las defensas de los jueces.
A través de un escrito, Moya dio cuenta al Juzgado de Garantía de Rancagua que dichas evidencias estaban en su domicilio debido a que ese mismo día se las iba a llevar a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, lugar donde iba a funcionar, hasta ese día, su nueva oficina, y que los celulares correspondían a los abogados que tenían vínculos con los magistrados.
