Cuando este fin de semana conocimos de un importante número de clientes de tarjetas bancarias que fueron víctimas de una clonación – 1.738 plásticos fueron los afectados, según la Superintendencia de Bancos por un POS intervenido en San Miguel- llama la atención lo sucedido días antes en la Comisión de Economía del Senado.
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La semana pasada los senadores de dicha instancia, conocieron los descargos del sector bancario y del retail ante un artículo de la ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas respecto a delitos como hurtos o fraudes.
En la instancia, parlamentarios expresaron sus reparon al artículo que obliga a los bancos a restituir los fondos robados a los clientes con anterioridad al aviso de extravío, hurto, robo o fraude, y que fue introducido en la Cámara de Diputados.
En concreto, ítem incorporado por los diputados obliga al emisor de tarjetas a “restituir los fondos correspondientes a las operaciones realizadas con anterioridad al aviso de extravío, hurto, robo o fraude, tratándose de operaciones cuya autorización ha sido desconocida por el usuario, dentro de los siete días hábiles siguientes al reclamo”.
Además, plantea que “el emisor estará impedido de ofrecer a los usuarios la contratación de seguros cuya cobertura corresponda a riesgos o siniestros y de cobrar comisiones que el mismo deba asumir”.
“Sólo si se acredita por sentencia firme o ejecutoriada que el usuario ha participado en la comisión del delito, que obtuvo un provecho ilícito o que actuó con dolo o negligencia inexcusable facilitando su comisión, se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de fondos, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan según la normativa aplicable”, añade el citado artículo.
El origen de la norma y los reparos actuales
En la última sesión, los senadores de la comisión escucharon a representantes del Banco Central (BC), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), el Retail Financiero y académicos expertos en derecho constitucional y comercial, quienes afirmaron que el texto quedó con graves problemas de constitucionalidad y un «desequilibrio evidente».
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La norma nació para poner fin a la práctica de los bancos de responder en caso de fraudes solo si el cliente tenía contratado un seguro para estos fines; y para generar el reembolso de los dineros al más breve plazo apelando a la responsabilidad que tiene la banca en materia de seguridad.
Ahora los plazos de reembolso se redujeron al máximo. De acuerdo a esta propuesta, los bancos tendrían como plazo máximo siete días hábiles para devolver los dineros. Asimismo, tendrán la responsabilidad en todos los casos, minimizando la que les corresponde a los clientes. Según los expositores, “no se cumplirían las reglas básicas del debido proceso”.
El presidente de la comisión, el senador UDI José Miguel Durana, manifestó que “en general, la norma está sobre la base de generar un justo equilibrio entre quienes emiten las tarjetas (los bancos) y los consumidores. Debe haber una responsabilidad compartida. Los clientes deben cuidar sus claves y tarjetas, y la banca debe dar condiciones mínimas de seguridad”.
Por su parte, la senadora DC Ximena Rincón señaló que “hay que ver de qué manera recogemos las opiniones que nos entregaron la banca, el retail, el Banco Central y académicos. En la próxima sesión sabremos qué opinan los clientes con los cambios que se nos plantean desde la Cámara. La normativa que buscamos debe ser clara en cuanto a plazos, responsabilidades y procedimientos”.
A su vez, el senador RN Rodrigo Galilea admitió estar de acuerdo con lo planteado. “Me parece que las observaciones legales y comerciales que hacen son válida, pero solo les recuerdo que este proyecto nació de una conducta equivocada de la banca que era desentenderse de los fraudes con tarjetas robadas, clonadas o falsas transferencias electrónicas. Las personas hoy se enfrentan a una pared, es como David contra Goliat porque los bancos siempre tienen las de ganar”, hizo ver.
