La locura de las armas en Brasil: Bolsonaro deja en manos del ejército la decisión final

El presidente brasileño ha firmado una serie de decretos desde el día uno de su mandato, los que no han estado exentos de polémica

Por Francisca Herrera

Uno de los principales caballitos de batalla de la campaña del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue la liberalización de la compra de armas. Sin embargo, una vez en el poder todo el proceso se ha transformado en una locura.

A penas asumió el poder, Bolsonaro firmó en enero un decreto que facilitó la posesión de armas de fuego en el hogar o en el trabajo (siempre y cuando el propietario del arma es el tutor legal del establecimiento).

Aquí se mantenía el límite de cuatro armas de fuego y extendía la validez de la autorización de cinco a diez años. Se mantenía la prohibición de posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad pública.

No obstante, el 7 de mayo el mandatario firmó otro decreto que permitía la compra de armas más poderosas, incluso de algunos rifles semiautomáticos, y autorizaba a los menores de edad a practicar el tiro deportivo.

Esta ordenanza desencadenó una serie de críticas, fue calificada de inconstitucional y se advirtió que puede ser suspendida por el Supremo Tribunal Federal (STF), ya que no posee la aprobación previa del Congreso. Inclusive, el 10 de mayo, la ministra del STF Rosa Weber pidió explicaciones al gobierno Federal sobre la medida.

Finalmente, este miércoles Bolsonaro decidió retractarse y firmó un nuevo decreto que prohíbe la compra de rifles, carabinas y escopetas a los ciudadanos comunes y garantiza su compra sólo para los agricultores. Además, dispone que la edad mínima para la práctica de tiro sea de 14 años. Los expertos continúan

El gobierno dijo en un comunicado que los cambios obedecen a "inquietudes planteadas por el poder judicial, el poder legislativo y la sociedad en general", pero sostuvo que no modificaba la "esencia" del decreto. Sin embargo, los expertos continúan dudando de su constitucionalidad.

Además, se dejó en manos del Ejército decidir en un plazo de 60 días que armas van a poder comprar los ciudadanos entre un límite de 1.200 libras y 1.620 joules.

"Eso (definir las armas permitidas) va a ser una competencia del Comando del Ejército, que va a realizar esa clasificación sobre qué tipo de armamento que las personas pueden adquirir o no y dependiendo de las categorías", aclaró el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, según G1.

En otras palabras, el ejército definirá cuáles son las armas de porte (cortas) y las portátiles (largas) que estén entre las permitidas, restringidas y prohibidas.

Para tomar esta decisión los militares harán pruebas en simulador y pruebas con armas reales para establecer "parámetros de medición", reglas y criterios de clasificación, recoge G1.

 

 

 

 

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