Con una multitudinaria marcha de pañuelos verdes respaldándolo en varias ciudades de Argentina y tras conseguir más de 70 firmas de legisladores de todos los partidos políticos, ayer se presentó por octava vez en el Congreso una iniciativa legal para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación.
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El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue formulado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Éste contempla que en ningún caso será penada la gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo realice.
También establece que toda mujer “u otras identidades con capacidad de gestar” tiene derecho a acceder a un aborto en los sistemas público y privado de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.
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🌊💚 Somos la marea verde que no va a parar hasta #QueSeaLey
💚 Educación Sexual para decidir, 💚Anticonceptivos para no abortar, 💚 Aborto legal para no morir@CampAbortoLegal#28M #SeraLey #CongresoVerde pic.twitter.com/W1OVSNo5NZ— Campaña Nacional por el Derecho al Aborto – Cba (@campabortocba) May 28, 2019
Igualmente, se incorporó el capítulo tres, sobre “políticas de salud sexual y reproductiva” y “educación sexual integral”.
Además, señala que serán castigados con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un centro de salud o el personal médico que dilaten o se nieguen a realizar la práctica. La pena se elevará de uno a tres años si por esa conducta se daña la salud de la mujer y a cinco si ésta fallece.
#SomosMarea
Hoy –#28M, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres- la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito presentará por 8va vez el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).✊🏽💚 #AbortoLegalYA#SeráLey pic.twitter.com/WNRXciIh6p
— Revista Furias (@RevistaFurias) May 28, 2019
En la actualidad la legislación argentina permite el aborto en casos de violación o peligro para la vida o la salud de la embarazada. No obstante, algunos médicos de hospitales públicos se han negado a practicarlo aún en los casos no penados por la ley.
La mujer que interrumpe su embarazo fuera de lo establecido por la ley se arriesga a una pena de entre uno y cuatro años de prisión.
El año pasado una iniciativa similar fue aprobada por la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado -integrado por legisladores más conservadores- que en una votación ajustada en agosto echó por tierra el proyecto que había generado multitudinarias marchas a favor y en contra.