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Brasilgate: las vergonzosas revelaciones sobre la operación política para encarcelar a Lula en Brasil

Filtran varios archivos que prueban que Sergio Moro se coordinó con los fiscales para encarcelar a Lula da Silva.

El ministro de Justicia de Brasil lamentó el domingo la “invasión criminal” de teléfonos de varios de los fiscales involucrados en una extensa investigación anticorrupción que ha llevado a decenas de políticos y empresarios a prisión.

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El ministro Sergio Moro encabezó la investigación de la Operación Autolavado cuando era juez federal. Emitió un comunicado después de que el portal noticioso The Intercept publicara artículos en los que, aseguró, se revelaban mensajes privados entre Moro y miembros del grupo especial de trabajo.

En uno de los artículos publicados el domingo, The Intercept dijo que el entonces juez Moro y los fiscales que participaban en una investigación sobre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva intercambiaron mensajes comentando el caso. Según el artículo, Moro dio instrucciones a los fiscales, extralimitándose en sus deberes como juez.

Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión en una condena por corrupción que después se redujo a ocho años y 10 meses.

Moro dijo que no se le había dado la oportunidad de comentar sobre las conversaciones telefónicas intervenidas antes de que fueran publicadas y lamentó que la fuente de los mensajes filtrados permaneciera anónima.

«Teléfonos pirateados»

La fiscalía federal emitió dos comunicados confirmando que los teléfonos habían sido pirateados. La agencia defendió el trabajo del grupo especial encargado del caso Autolavado y su imparcialidad. También condenó severamente la “vil acción del hacker”, señalando que la filtración podría poner en riesgo investigaciones abiertas y revelaba la estrategia de la fiscalía.

El pirateo también dejó al descubierto detalles de la vida personal de los fiscales y sus familias, señaló la fiscalía. Los teléfonos hackeados eran de empleados de la fiscalía del estado de Paraná.

El caso Autolavado se lanzó en 2014 para investigar contratos firmados por la petrolera estatal Petrobras por valor de miles de millones de dólares.

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